Cámara aprueba su propio proyecto para revisar convicciones no unánimes

Al momento la Legislatura considera dos medidas para atemperar el ordenamiento a las decisiones del Tribunal Supremo estadounidense

Por Manuel Guillama Capella

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto paralelo a otro que había sido favorecido ayer en el Senado, que tiene el objetivo de garantizarle a las personas que fueron convictas de delitos graves mediante jurados divididos el derecho a un nuevo juicio.

La medida, de la representante novoprogresista María Milagros “Tata” Charbonier, recibió la oposición del representante Luis Vega Ramos y otros miembros de la delegación del Partido Popular Democrático, que objetaron que el proyecto de ley fuera descargado sin la celebración de vistas públicas y solicitaron que se devolviera a comisión.

El Proyecto de la Cámara (PC) 2476, al igual que el Proyecto del Senado (PS) 1590, de la autoría del presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, se amparan en la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense, que dispuso que el derecho a un juicio por unanimidad para determinar culpabilidad en casos de delitos graves es uno fundamental. Entre los 50 estados, solo Oregon y Luisiana contemplaban veredictos de culpabilidad por mayoría.

Tanto el proyecto de Charbonier como el de Rivera Schatz estipulan que un veredicto de no culpabilidad se puede producir con la concurrencia de nueve de los 12 miembros del jurado.

El entirillado del PC 2476 especifica que el derecho a revisar las convicciones de jurados por mayoría aplican tanto casos pendientes de apelación como a aquellos en que la persona hubiera agotado los recursos apelativos.

El representante independentista Denis Márquez y el independiente Manuel Natal votaron a favor del proyecto. En el caso de Márquez, puntualizó que la disposición constitucional que permitía convicciones con solo nueve votos de culpabilidad fue un instrumento para facilitar la política de persecución contra independentistas que prevalecía a mediados del siglo pasado.

Durante la consideración de la medida, Charbonier fustigó a Vega Ramos, al tildarlo de ser un “saco de contradicciones” por solicitar la devolución de la medida a comisión. Charbonier sostuvo que la urgencia de darle la oportunidad a personas encarceladas de solicitar un nuevo juicio es suficiente para obviar el trámite legislativo ordinario.

En la sesión de esta tarde se consideraron además dos medidas del Senado que buscan beneficiar a la población penal del país y que tras aprobarse con enmiendas regresarán a la Cámara alta.

El PS 992 dispone que los patronos no podrán indagar acerca del historial delictivo de un aspirante hasta que le extienda una oferta condicional de empleo, momento en el que se le permitirá solicitar el certificado de antecedentes penales e “inquirir sobre el historial delictivo del aspirante que se relacione directamente con el empleo”. Asimismo, la pieza legislativa contempla que las personas culpables por delitos menos graves puedan solicitar a la Policía que elimine del certificado de antecedentes dicha convicción una vez hayan pasado 30 días desde que se cumpliera la sentencia.

Por otra parte, de la exposición de motivos del PS 1181 se desprende que los convictos bajo el Código Penal de 2004 o 2012 “podrán recibir bonificaciones por buena conducta y asiduidad de hasta un máximo de seis días por cada mes, en penas menores de quince años de reclusión. Por otra parte, las personas que han sido condenadas a más de quince años de reclusión, podrán recibir hasta un máximo de siete días (mensuales) por concepto de bonificaciones por buena conducta y asiduidad”.

Tanto el PS 992 como el PS 1181 son de la autoría de los senadores Miguel Romero y José Vargas Vidot.

Otras medidas aprobadas en la sesión fueron una resolución conjunta dirigida a ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que pague a los empleados que han estado activos durante la pandemia del Covid-19 el equivalente a dos veces y media su salario regular, así como la concurrencia con las enmiendas del Senado a un proyecto de ley que introduce cambios al Código de Rentas Internas a raíz de la emergencia sanitaria.

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