El representante autorizado de la empresa 313 LLC, Ricardo Vázquez, no compareció a su citación en la mañana de hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
El presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, indicó al comienzo de la vista que Vázquez, a través de sus representantes legales, solicitó en el fin de semana declarar en una vista ejecutiva, y no pública, como ha sido la norma a lo largo de la investigación cameral.
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Morales sostuvo que, para poder autorizar esa petición, dicha solicitud debió realizarse ante el pleno de la Comisión de Salud, acompañada de una justificación.
Según Morales, en la carta enviada a la comisión, el equipo legal de Vázquez señaló que el empresario ha estado cooperando con otras agencias que igualmente investigan el desempeño del Departamento de Salud durante el periodo de emergencia por la pandemia del Covid-19.
313 LLC se encuentra en una pugna judicial contra el gobierno de Puerto Rico, luego de que el Departamento de Salud se negara a recibir un cargamento de pruebas serológicas para detectar anticuerpos para combatir el coronavirus. La dependencia busca forzar a 313 LLC a renegociar el precio al que le vendió el producto, arguyendo que la empresa no cumplió con el periodo de entrega acordado.
En total, 313 LLC le vendió 101,500 pruebas rápidas al gobierno, 1,500 de ellas a un costo de $45 y otras 100,000 por $36.
Apex también solicita vista ejecutiva
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A través de su abogado, Juan Ramón Acevedo, el dueño de Apex General Contractors, Robert Rodríguez, también solicitó a la comisión declarar en una vista ejecutiva.
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Al momento de publicación, la comisión ausculta si concede o deniega la petición.
“No es necesario que salga públicamente”, expresó Acevedo antes de que Morales decretara un receso para que el resto de los miembros del organismo pudieran leer la carta en la que se solicitó la vista ejecutiva.
En la carta que entregó a la Comisión de Salud, Acevedo afirma que, desde el 14 de abril, Rodríguez ha estado cooperando con autoridades federales y estatales.
“En vista de esto, y para proteger la vida y la seguridad del señor Rodríguez López y su familia, solicitamos que dicha audiencia sea una ejecutiva, en privado. En adición, le solicito, por motivo de salud del señor Rodríguez y este servidor, el acomodo razonable de tomar un receso por lo menos cada hora y media o antes”, lee la misiva.
Apex General Contractors alcanzó un acuerdo para vender un millón de ‘rapid test kits’ al gobierno, por un precio de $38 millones. Las pruebas, manufacturadas por una empresa australiana, nunca llegaron a Puerto Rico, a pesar de que a Apex se le adelantó un pago de $19 millones.
El otro deponente citado para hoy es el dueño de Castro Business, Ricky Castro. La compañía vendió al Departamento de Salud 50,000 pruebas rápidas a un costo de $13 cada una.
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