PROVIDENCE, Rhode Island, EE. UU. — Aprovechar la tecnología actual para combatir la pandemia de coronavirus está resultando ser más complicado de lo que parecía.
Los primeros estados de Estados Unidos que lanzaron aplicaciones de teléfono para rastrear los contactos de pacientes contagiados con COVID-19 están lidiando con fallas técnicas y una falta de interés por parte de sus residentes.
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Sin embargo, hay una segunda oleada de herramientas de vigilancia que en esta ocasión cuentan con la aprobación de los gigantes tecnológicos Apple y Google. Pero esas enfrentan sus propios problemas, como fallas de precisión y el hecho de que no compartirán información con los gobiernos que podría ayudar a rastrear la propagación de la enfermedad.
El rastreo de contactos es una parte fundamental para el control de infecciones. Generalmente es realizado por trabajadores de salud pública capacitados que entrevistan a aquellos que podrían haber estado expuestos, les piden que se realicen la prueba y se auto aíslen. Se estima que para ello se necesitarán en Estados Unidos unos 300.000 trabajadores , pero hasta ahora esas labores han sido deficientes.
Otras compañías tecnológicas como Salesforce han ofrecido herramientas de bases de datos para asistir las labores de rastreo manual, aunque también plantean inquietudes por la necesidad de recopilar y almacenar información detallada sobre las conexiones sociales de la gente, su estado de salud y su paradero.
Defensores de la privacidad advierten sobre el peligro de crear nuevas herramientas de vigilancia, pues podrían caer en manos de gobiernos inescrupulosos.
En un documento político que fue compartido con The Associated Press, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) advirtió a los gobiernos estatales que sigan con cuidado y establezcan procedimientos de privacidad más estrictos antes de desplegar tecnología dirigida a detectar y frenar nuevos brotes de coronavirus.
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Incluso las herramientas más invasivas de privacidad, como aquellas de Apple y Google, requieren limitaciones para que no se conviertan en instrumentos de vigilancia u opresión. “Los riesgos de equivocarse son enormes”, dijo Neema Singh Guliani, principal asesora legislativa de la ACLU.
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