A tono con las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico en torno a los juicios por jurado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció hoy, lunes, que radicó el Proyecto del Senado 1590 para que los jurados tengan que rendir veredictos unánimes para encontrar culpables a los acusados.
Asimismo, establece que, para un veredicto de no culpabilidad, serán necesarios, como mínimo, nueve votos.
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De igual forma, la pieza legislativa que fue presentada permitirá que cualquier persona que está cumpliendo pena de reclusión a consecuencia de un veredicto que no fue unánime, pueda presentar moción para que se celebre un nuevo juicio conforme a las determinaciones del máximo foro judicial estadounidense en el caso Ramos vs. Louisiana y la interpretación del Tribunal Supremo local de que dicho caso, a través del caso Pueblo vs. Torres Rivera, es de aplicación a la isla.
En el mencionado caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que conforme a la sexta enmienda de la Constitución federal, se requiere un veredicto unánime para encontrar culpable a un ciudadano de un delito grave, y que la unanimidad, es parte integral del derecho fundamental a un juicio por jurado. También, decidió que el caso es de aplicación a todos aquellos que no sean finales y firmes.
Aunque aún no se ha resuelto la retroactividad de estas opiniones, y existe un caso ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, este proyecto hace retroactivo el cambio a casos finales y firmes.
“¿A cuanta gente queremos tener condenados con un juicio que no se llevó conforme a la ley y al derecho? Yo no quiero tener a ninguno. La pregunta en un País donde la democracia debe regir es ¿queremos tener a alguien condenado en un proceso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico han dicho que no es conforme a la Constitución? Yo no quiero tener a nadie”, dijo Rivera Schatz quien informó que las estadísticas que tiene del número de casos de juicio por jurado con una condena es de un estimado de entre un cuatro a un cinco por ciento, aunque solicitó los números oficiales.
Al ser cuestionado sobre la reacción que pudiesen tener las allegadas víctimas en torno a esta propuesta legislativa, el presidente del Senado opinó que “no hay un abogado que esté en el ministerio público o en la práctica privada como abogado de defensa que no sea solidario con las víctimas. Aquí no se está exonerando a nadie. Aquí sencillamente se está diciendo que los procedimientos tienen que ser conforme a una regla correcta “.
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“Alguna gente dirá que estamos sacando criminales a la calle. Nosotros no estamos sacando criminales a la calle, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una sola regla para todos los ciudadanos irrespectivamente de si son carismáticos o no son carismáticos y de si nos parecen buenas personas o no nos parecen buenas personas. Después de todo nuestra aspiración debe ser que ninguna persona esté cumpliendo”, añadió el presidente senatorial.
A raíz de la decisión del Tribunal Supremo federal, el presidente convocó a un grupo de abogados experto en derecho criminal. En dicha reunión se llevó a cabo una discusión profunda sobre los efectos del caso y se recibieron recomendaciones para atender el tema.
El grupo de abogados estuvo compuesto por la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, el procurador general Isaías Sánchez, la jefa de Fiscales Arlene Gardón. También participó un grupo de abogados del sector privado y de la academia tales como: Félix Vélez Alejandro, director de la Sociedad para la Asistencia Legal, Julio Fontanet Maldonado, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, los profesores Carlos Ramos y Andrés Córdova, así como los abogados criminalistas Harry Padilla, Roberto Alonso, José Andreu Fuentes, Leonardo Aldridge, Pablo Colón, Edgar Vega Pabón, Rubén Falú, Gerardo Cruz y Antonio Sagardía.
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