A pesar de que la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) liberó poco más de 41,000 pruebas rápidas de Covid-19 que Castro Business estaba supuesto a entregar al Departamento de Salud, la agencia no realizó gestiones para recibirlas, declaró el dueño de la empresa, Ricky Castro Ortiz.
De una compra ascendente a 50,000 pruebas serológicas para detectar anticuerpos, Castro Business entregó 8,900 a Salud entre el 27 y el 30 de marzo, testificó Castro Ortiz ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
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Sin embargo, y como ya había reportado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el 7 de mayo, 41,100 de las pruebas fueron detenidas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Castro Ortiz, a preguntas del presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, señaló que esas 41,100 pruebas posteriormente fueron liberadas y, debido a la inacción del Departamento de Salud, optó por venderlas a otros compradores.
Durante su testimonio, Castro Ortiz no precisó a quién vendió las pruebas ni en qué fecha estas fueron liberadas por la FDA.
“El restante, tan pronto se liberó por la FDA, se vendió porque no conseguimos al Departamento de Salud (para) que nos dijera si todavía estaban interesados. No nos devuelven las llamadas”, subrayó Castro.
El gobierno le compró a Castro Business las 50,000 pruebas a un costo de $13 cada una, para un total de $650,000. Hasta el momento, que se sepa, son las pruebas más baratas por unidad que ha adquirido el gobierno desde que comenzó la emergencia por el Covid-19.
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No obstante, el CPI reportó el 5 de mayo que unas 200 pruebas suplidas por Castro Business, marca Phamatech, habían sido devueltas por laboratorios privados ya que no estaban satisfechos con la calidad del producto.
Durante la vista, sin embargo, Castro Ortiz no aludió a esa situación y tampoco se le cuestionó sobre la calidad de las pruebas rápidas. El empresario sí mencionó que las pruebas estaban certificadas por la FDA y señaló que proveyó a la Comisión de Salud copia de esa certificación.
Rodríguez Quilichini fue el primer contacto
En su testimonio, Castro Ortiz confirmó que su primera gestión para venderle el material al gobierno fue contactar, el 22 de marzo, al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, quien tres días antes había sido nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez como coordinador del ‘task force’ médico.
Durante esa llamada, Rodríguez Quilichini le pasó el teléfono a Mabel Cabeza, la ex jefa de personal de Salud que ya se desempeñaba como enlace entre el ‘task force’ y La Fortaleza. Tras esa conversación, dijo Castro Ortiz, Cabeza le solicitó por mensaje de texto que enviara por escrito la información de las pruebas que estaba ofreciendo.
De acuerdo con el dueño de Castro Business, todas las negociaciones con Salud se dieron a través de la ex secretaria auxiliar del Departamento de Salud Adil Rosa.
Aunque no fue hasta el 25 de marzo que se emitió la orden de compra, ya el día anterior la entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, le había adelantado a Castro Ortiz que procediera con las gestiones de entrega. Sin embargo, a insistencia de los legisladores, Castro Ortiz sostuvo que no podía garantizar que la persona que, telefónicamente, le hubiera dado esas instrucciones fuera Quiñones de Longo.
El empresario dijo que adquirió las 50,000 pruebas rápidas a un costo por unidad de $11.10, lo que le hubiera significado una ganancia de $95,000.
No obstante, y pese a que la orden de compra dispone que el Departamento de Salud pagaría por adelantado la totalidad del precio, Castro Ortiz aseguró que todavía no ha cobrado un centavo.
“No voy a seguir insistiendo hasta que este proceso se termine. La emergencia está y ocupar al departamento para que se me pague una cantidad que nosotros no consideramos importante, aunque otras personas podrían considerarla importante, yo prefiero que el departamento salga de la emergencia y ya entonces trabajar con las solicitudes”, declaró Castro Ortiz.
Castro Business también llegó a un acuerdo preliminar para suplir 100 ventiladores al Departamento de Salud por un precio de $2.2 millones pero, según el deponente, esa compra no se materializó por la lentitud de la dependencia.
En declaraciones anteriores al CPI, Castro Ortiz indicó que en Estados Unidos había vendido sobre 12 millones de pruebas rápidas.
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