WIPR continúa en el limbo ante impasse entre Gobierno y Junta Fiscal

La JCF no ha garantizado el financiamiento de la corporación pública más allá de mañana

Por Manuel Guillama Capella

El director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, puso en manos de la Junta de Control Fiscal (JCF) el destino inmediato de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), para la cual el organismo federal ha ordenado se tenga un plan de privatización a más tardar mañana.

Sin embargo, la Legislatura no ha encaminado un proceso para su privatización o cesión a una entidad sin fines de lucro.

“Lo que le hemos dicho (a la JCF) es dame tiempo. Tenemos el proyecto (de ley). Estamos en conversaciones con la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) porque esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Por lo tanto, tenemos que darle ese puente de presupuesto hasta junio. Una vez en julio hay presupuesto. Aunque tenemos la liquidez en el proceso presupuestario la Junta no quiere extender ese presupuesto. En la última carta, la Junta nos dijo que nos dan el presupuesto adicional pero nos tienen que radicar y aprobar la legislación en o antes de mayo 15. Pero yo no puedo hacer eso de manera atropellada cuando hay unas licencias de la FCC que, si se pierden, no tendríamos el activo más importante”, sostuvo Marrero.

El funcionario admitió que no puede garantizar qué ocurrirá con las operaciones y empleomanía de WIPR a partir del 16 de mayo.

En una carta con fecha del 27 de abril, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, dejó establecido que, si al 15 de mayo no había una ley firmada, el ente fiscal no “consideraría ninguna solicitud de reprogramación” de fondos.

“Nuestra responsabilidad en Aafaf y el gobierno de Puerto Rico es haber elaborado la legislación, haber comenzado las conversaciones con la agencia federal para auscultar el proceso para transferir esas licencias a una nueva entidad. Eso lo hemos hecho”, insistió Marrero.

No tenemos un plan para dejar ningún empleado de WIPR fuera. Pueden estar tranquilos que vamos a hacer todo lo posible para garantizar esa nómina”, agregó el también principal oficial financiero del gobierno.

Proceso expedito para presupuesto

Marrero, por otra parte, señaló que el proceso de aprobación de un presupuesto general para el año fiscal 2021 seguirá un calendario “apretado” y, con toda probabilidad, será la JCF quien termine definiendo las partidas, tal como ha ocurrido desde que fue instituida por el gobierno estadounidense.

“Lamentablemente la evidencia ha sido clara que, aunque nosotros presentemos y justifiquemos, al final del día hay unos elementos filosóficos y los poderes que tiene la Junta para rechazar un plan o un presupuesto”, sintetizó Marrero, quien, sin embargo, consideró que tanto el gobierno como el ente fiscal estarán alineados sobre las tres prioridades fiscales: salud, educación y seguridad.

El abogado no quiso revelar cuán amplia es la brecha entre el presupuesto recomendado por el gobierno electo y las exigencias de la JCF.

“Ya se proyecta un déficit de $1,500 millones para este año fiscal. Pero muchas de esas cosas están atadas al ‘timing’, como pospusimos radicaciones, el dinero entraría después”, dijo Marrero, en alusión a algunas de las medidas de emergencia implementadas para enfrentar la epidemia del Covid-19.

Marrero sí señaló que hay diferencias de criterio con la JCF con relación al dinero que el gobierno tendrá disponible a largo plazo para cumplir con sus obligaciones, en parte como consecuencia del desastre económico que dejará la pandemia.

En ese sentido, el licenciado planteó que habrá que esperar a que culmine la fase de emergencia para determinar el alcance de su impacto económico y tener un panorama más claro sobre el cual elaborar un plan de ajuste de deuda del gobierno central, que la JCF y el gobierno esperaban concretar en algún momento del 2020.

Aunque no quiso entrar en cifras específicas, Marrero sí sostuvo que el servicio anual de la deuda de $1,500 millones que se proyectaba antes de la pandemia ya no sería sostenible.

“El análisis de deuda que se hizo con la Junta de $1,500 millones (anuales) hoy no se sostiene. Si en un mes se va a sostener, tenemos que ver. Pero definitivamente no se sostiene con las nuevas proyecciones”, indicó.

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