La contralora Yesmín Valdivieso emitió el jueves, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Carolina.
Valdivieso informó que el Municipio formalizó nueve contratos por 650,886, con una corporación no autorizada a prestar los servicios de técnicos de refrigeración y de acondicionadores de aire. Una corporación que presta servicios de refrigeración debe ser creada como una corporación profesional, contar con todos los accionistas licenciados, dedicarse al servicio indicado en el certificado de incorporación, y ofrecer sus servicios con empleados licenciados, según establece la Ley 164-2009, Ley General de Corporaciones.
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El Informe recomienda a la secretaria de Justicia considerar esta situación para que determine las acciones administrativas o judiciales correspondientes.
La auditoría de un hallazgo señala que los funcionarios del Municipio no verificaron que el presidente de la corporación contratada y uno de sus técnicos, tenían la licencia vencida al formalizar los contratos. El Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aires Acondicionados de Puerto Rico (CTRAPR) certificó también, que otro de los técnicos de la corporación indicó un número de licencia inexistente. Estos técnicos certificaron en el documento de reparaciones, que tenían las licencias y la colegiación vigente.
Contrario a las especificaciones de la subasta y de los contratos, el Municipio pago en exceso 39,875 dólares, ya que no se realizaron las deducciones establecidas y, el Municipio pagó por trabajos que eran responsabilidad de la corporación. Además, en el 64 por ciento de la facturación total, la corporación no preparó, ni el Municipio requirió, la certificación de labor realizada en el formulario que provee el CTRAPR.
El Informe comenta que la Oficina de Auditoría Interna y Ética del Municipio, investigó una posible apropiación de 1,900 dólares del fondo de emergencia a cargo de una empleada que laboraba como oficial pagadora. Esta situación fue investigada y el Municipio aplicó las medidas disciplinarias correspondientes.
Contrario a las leyes vigentes, el Municipio tiene 174 empleados con nombramientos transitorios, hasta por más de 11 años. Los nombramientos transitorios no pueden exceder de un año, salvo excepciones. Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría M-17-32.
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Al 6 de junio de 2019, estaban pendientes de resolución por los tribunales, 41 demandas civiles presentadas contra el Municipio por un total de 32.6 millones de dólares.
El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
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