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El gobierno de Puerto Rico invertirá unos $150 millones en la administración de pruebas para detectar Covid-19 y el diseño de un sistema de rastreo, de acuerdo con un plan preliminar presentado hoy por la mandataria Wanda Vázquez para el uso de los $2,200 millones asignados a la isla mediante la Ley Cares.
El fondo de desempleo estatal que maneja el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos igualmente recibiría una inyección de $150 millones.
La porción más grande del paquete federal de estímulo, sin embargo, se dirigiría al Programa de Protección de Nómina en el sector privado, que recibiría una asignación de $350 millones.
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Asimismo, se establecería un programa de asistencia a empleados cuentapropistas que otorgaría $1,000 por individuo, para un total de $200 millones. Este sector ya se benefició de un incentivo de $500 por individuo, que comenzó a distribuirse a inicios de abril.
Las pequeñas empresas –definidas como aquellas con entre dos y 49 empleados recibirían $5,000 cada una, como parte de un fondo de $250 millones. En tanto, las medianas empresas –50 a 500 empleados– podrían recibir hasta $10,000. El paquete para ese sector asciende a $100 millones.
Otros $10 millones estarían dirigidos a ofrecer adiestramientos a pequeñas y medianas empresas sobre cómo continuar operaciones en cumplimiento con los requisitos vigentes durante la emergencia sanitaria.
Para los esfuerzos de distanciamiento social y la compra de equipo de protección personal y otros materiales para empleados públicos se destinarían $100 millones.
Otros sectores que se beneficiaron del paquete de estímulo criollo y recibirán una segunda inyección mediante la Ley Cares son los hospitales públicos y los municipios.
Los hospitales públicos, que en conjunto recibieron $30 millones del paquete de $787 millones legislado en abril, recibirían ahora $50 millones. Los 78 municipios, en tanto, recibirán $100 millones de forma combinada, la misma cifra que ya había sido destinada.
En abril, los pueblos con menos de 25,000 habitantes recibieron $1 millón, aquellos con población de entre 25,000 y 50,000, $1.35 millones; y aquellos con sobre 50,000 personas, $1.75 millones
Para los hospitales privados, mediante la Ley Cares, se separarían $150 millones.
La gobernadora, además, resaltó el apoyo que se podría brindar para revitalizar el sector turístico, que ha quedado casi paralizado a nivel global como consecuencia de la pandemia. El turismo, a través de la ley Cares, se proyecta reciba una asignación de $50 millones.
Para los programas de estudio y trabajo remoto se asignarían $40 millones, lo que incluiría instalar servicios de Internet tanto a estudiantes como maestros del sistema público. Esa misma cantidad sería invertida en infraestructura tecnológica para el desarrollo de programas de telemedicina.
El Departamento de Corrección y Rehabilitación, por su parte, se beneficiaría con $10 millones a usarse en la compra de equipo de protección personal para confinados y empleados, así como la administración de pruebas.
Asimismo, se establecería un programa de ayuda a personas sin hogar mediante una asignación de $5 millones.
No todo el dinero asignado, sin embargo, sería invertido inmediatamente, dispone el documento entregado por La Fortaleza, pues se establecería una reserva de $485.6 millones para “gastos futuros y reembolsos al Fondo General y a la Reserva de Emergencia por gastos elegibles”.
Vázquez, sin embargo, reconoció que las cifras, en términos generales, son estimados preliminares.
“Esto no está escrito en piedra”, advirtió la mandataria.
Los fondos de la Ley Cares deben utilizarse antes de fin de año y los gastos deben estar relacionados a la respuesta a la epidemia del coronavirus.
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