La Cámara de Representantes aprobó el Informe Parcial sobre la investigación que ordena la Resolución de la Cámara 1741, cuyo autor es el presidente de la Comisión de Salud, el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, sobre el manejo y la distribución de recursos del Gobierno de Puerto Rico ante la pandemia del COVID-19, pero sin limitarse al funcionamiento, administración y contrataciones entre otros aspectos de la plataforma digital del Departamento de Salud (DS) así como el proceso de compra, manejo, distribución y administración de las pruebas para detectar el virus junto con los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones.
Al concluir la primera fase de las vistas públicas sobre la compra de pruebas para diagnosticar el COVID-19 en sobreprecio a una empresa dedicada al sector de la construcción, la Comisión de Salud recomendó a la Oficina del Contralor que haga una auditoría en el DS y Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) relacionada a esta transacción de $38 millones.
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Asimismo, refieren a José Burgos Vega, comisionado del NMEAD; Adil Rosa Rivera, secretaria auxiliar de Administración del DS; Mariel Rivera Rivera, requisidora del DS; Concepción Quiñones de Longo, exsecretaria interina del DS; Diana Meléndez, directora interina de Compras y Subastas del DS; y a Mabel Cabeza, exjefa de personal del DS, quien fue destacada en La Fortaleza. En el caso de Burgos Vega, la Comisión lo señaló por presuntamente haber cometido perjurio. Adicional, el documento indica que tanto Rivera Rivera como Rosa Rivera posiblemente violentaron en múltiples instancias sus funciones y deberes. Ésta última también incumplió al momento de prestar testimonio conforme a las instrucciones impartidas por la Comisión de Salud.
Este referido es hacia la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Oficina del Contralor y al Federal Bureau of Investigations(FBI), en su mayoría, porque pueden haber sido negligentes en el cumplimiento del deber así como la posibilidad de infringir la Ley de Ética Gubernamental, Ley de Código Penal, Ley del Código Civil y Ley de Contabilidad. En cuanto al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del Task Force Médico, concluyeron que se extralimitó en los poderes conferidos por la orden ejecutiva al darle el visto bueno a una compra realizada con fondos públicos. La Comisión de Salud también exhortó a presentar legislación para mejorar los controles y requisitos y conocimientos del personal, sin excluir la educación continua.
Entretanto, este Cuerpo respaldó un paquete de medidas para así continuar mitigando los efectos del Coronavirus. Uno de éstas fue el Proyecto de la Cámara 2484, de la autoría de Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, para establecer un Programa de Emergencia para la Condonación de Tarifas de Servicios Esenciales, a los fines de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puedan condonarles a los abonados residenciales que fueron cesanteados o que se han visto impedidos de generar ingresos a causa de la pandemia del Coronavirus.
La pieza busca establecer los requisitos así como la facultad de reglamentación y el periodo de facturas que cubrirá mientras dure el toque de queda impuesto por la gobernadora de Puerto Rico.
De la misma manera y de la autoría del representante José Aponte Hernández, concurrieron con la Resolución Conjunta de la Cámara 567, que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento aplicable, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado a la organización sin fines de lucro, Boys and Girls Club of Puerto Rico Inc., las instalaciones de la antigua Escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves. Ésta ubica en la Urbanización Villa Prades en el Barrio Sabana Llana Norte de San Juan. Todo para que la entidad pueda expandir su proyecto de educación formal Vimenti.
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Mientras tanto el Informe Positivo referente a la Resolución Conjunta de la Cámara 688, cuyo autor es el representante Francisco Parés Adorno, fue favorecido. Esta medida legislativa tiene como propósito ordenarle al secretario de Seguridad Pública del Gobierno distribuir un incentivo a los operadores y telecomunicadores del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 de su Reserva de Contingencia, no cubiertos en la Resolución de la Cámara 23 de 20202, mediante la cual se distribuyeron $500 millones para financiar la primera fase del plan estratégico en respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.
En el plan se destinaron $539,000 para incentivar hasta con $3,500 a los operadores y telecomunicadores de dicho Negociado. La cantidad asignada es válida para 154 empleados, lo cual excluye aquellos empleados que han realizado todas o parte de sus labores por remoto para mantener las operaciones durante el periodo que se ha extendido esta emergencia.
Igualmente, se dio paso al Informe Positivo sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 689, también del representante Parés Adorno, que ordena al secretario del Negociado de Seguridad Pública distribuir hasta el 50 por ciento de los fondos estimados para los municipios colaboradores del Sistema 9-1-1 con cargo a la partida de Distribución de Fondos como respuesta a la emergencia.
Por otra parte, se ratificó la Resolución Conjunta de la Cámara 690, de la autoría de representante Santiago Guzmán, para establecer medidas en respuesta a la situación que viven los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y del Programa de Asistencia por Desempleo ante la pandemia mundial que también ha afectado a Puerto Rico a consecuencia del Coronavirus.
Esta resolución autoriza al secretario del Departamento de Hacienda(DH) a prestar ayuda al Departamento de la Familia (DF) y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). De manera, que los servidores públicos que sean asignados a prestar servicios canalicen el aumento en solicitudes de asistencia nutricional y desempleo.
Además, busca asegurar que dichos empleados tengan los equipos y materiales adecuados para la situación de emergencia que afrontan. Por último, disponer para un pago adicional para los servidores públicos que, como parte de sus responsabilidades ordinarias, o haciendo uso de la movilidad en el servicio, sean destacados a procesar las miles de solicitudes de beneficios.
Del Cuerpo hermano, se refrendó el Proyecto del Senado 1574, para facultar al Secretario del DTRH compensar la semana de espera de los beneficios del Programa de Seguro por Desempleo y a eximir temporeramente del requisito de búsqueda activa mientras dure la emergencia.
El proyecto autoriza a la agencia a requerirle a los patronos que entreguen una notificación sobre los servicios y beneficios del programa de desempleo al momento de cesantear o reducir las horas regulares de trabajo de un empleado y a su vez, reducir a la mitad lo que pagan los patronos por los beneficios atribuibles a reclamaciones de desempleo presentadas como consecuencia del Covid-19. Esto, en referencia a las semanas de desempleo que comiencen el 15 de marzo hasta la semana que culmina el 26 de diciembre del corriente.
Seguido, respaldaron el Proyecto del Senado 1575, que enmienda la “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado,” que busca extender la inmunidad provista en las acciones por daños y perjuicios por actos de impericia médico-hospitalaria a los profesionales de la salud que trabajen en instituciones privadas, cuando asistan al Estado y durante la vigencia de una orden ejecutiva del gobernador de la Isla decretando un estado de emergencia. Es importante señalar que esto sería retroactivo desde el 15 de marzo y tendrá vigencia hasta 30 días luego de que quede sin efecto dicha orden ejecutiva.
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