Semanas después de que se diagnosticara COVID-19 a dos de sus compañeros de cuarto, Mohamad Arif Hassan dijo que aún estaba esperando a que le hicieran la prueba del coronavirus.
Aislado en su cuarto en una gran residencia para trabajadores inmigrantes que se ha convertido en el mayor foco de infección de Singapur, Arif dijo no estar demasiado preocupado porque ni él ni sus otros ocho compañeros de cuarto tienen síntomas.
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Aun así, nadie culparía a este obrero de la construcción bangladeshí, de 28 años, si estuviera algo más que un poco preocupado.
Las infecciones de coronavirus en Singapur, una adinerada ciudad estado asiática con menos de seis millones de personas, se han multiplicado más que por cien en dos meses, pasando de 226 a mediados de marzo a más de 23.000, solo superada en Asia por China, India y Pakistán. Sólo 20 de los pacientes han fallecido.
En torno al 90% de los casos en Singapur están asociados a los abarrotados alojamientos para trabajadores inmigrantes, olvidados por la gestión de crisis del gobierno. El complejo donde vive Arif, que tiene 14.000 camas, supone un 11% de los contagios con más de 2.500 casos.
La segunda y enorme oleada de infecciones tomó a Singapur por sorpresa y dejó sobre la mesa el riesgo de ignorar a grupos marginados durante una crisis sanitaria. Pese a las advertencias que hicieron ya en febrero activistas de derechos humanos sobre las condiciones de hacinamiento y a menudo poco higiénicas en las residencias, no se tomó ninguna medida hasta que los casos se extendieron de forma generalizada el mes pasado.
Ese costoso descuido de Singapur también fue una importante lección para otros países en la región con una gran población inmigrante. La vecina Malasia anunció hace poco pruebas obligatorias de coronavirus para sus más de dos millones de trabajadores extranjeros después de que se diagnosticara COVID-19 a decenas de ellos.
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El rebrote en Singapur dejó al descubierto el trato que recibe su numerosa comunidad de trabajadores inmigrantes, que son una pieza fundamental de la economía pero viven en los márgenes de la sociedad y en condiciones que hacen imposible el distanciamiento social.
Ese error de juicio fue además un bochorno para el gobierno del primer ministro, Lee Hsien Loong, antes de unas elecciones generales que se espera celebrar en los próximos meses y que serían las últimas de Lee, que gobierna Singapur desde 2004 y tiene previsto retirarse pronto.
El intervencionista gobierno singapurense, elogiado en todo el mundo por su meticuloso rastreo de contactos y sus rondas de pruebas en la primera fase de la crisis, pasó con rapidez a contener el problema tratando el repunte en las residencias como un brote separado del de la comunidad local, una política que algunos consideran discriminatoria.
El gobierno cerró escuelas y negocios no esenciales en toda la isla el 7 de abril. Se reclutaron “embajadores de distanciamiento seguro” para recordar a la gente que llevara mascarillas y se mantuviera al menos a un metro de otras personas en espacios públicos, o afrontara duras sanciones.
Mientras tanto, todas las obras y residencias quedaron en cuarentena y los inmigrantes se vieron en gran parte confinados a sus habitaciones. Más de 10.000 trabajadores extranjeros en servicios esenciales fueron trasladados a lugares más seguros para reducir el hacinamiento, y se reforzó el programa de pruebas para incluir a personas asintomáticas.
En el alojamiento S11 Punggol donde vive Arif, anunciado como el más barato de Singapur, la policía patrulla las 24 horas los 13 bloques multicolor, situados en el nordeste de la isla.
Arif, que compartía cuarto con otros 11 trabajadores,dijo que uno de ellos fue trasladado a un campamento del Ejército a principios de abril para ayudar a reducir el hacinamiento. Poco después, otro compañero de cuarto fue hospitalizado con fiebre, y el 17 de abril se aisló a otro con síntomas leves. Ambos dieron positivo en coronavirus.
Arif dijo que aún no le han hecho la prueba porque probablemente habrá que hacerla a miles de residentes de su alojamiento. Pero dijo sentirse reconfortado por los centros médicos de vanguardia del país y su número relativamente bajo de muertes por el virus.
Por ahora recibe comida entregada en su cuarto, conexión gratuita a Wi-Fi en su celular y, sobre todo, el gobierno ha prometido que se pagará el salario de los trabajadores, señaló.
“No estoy preocupado porque el gobierno está cuidando bien de nosotros, como singapurenses”, dijo Arif, que ha vivido siete años en Singapur. “Ahora mismo, nos tomamos la temperatura dos veces al día, intentamos mantenernos a un metro de distancia y utilizamos desinfectante de manos constantemente”.
Singapur, ridiculizada en el pasado por su diminuto tamaño, ha recurrido a los trabajadores inmigrantes para construir infraestructuras e impulsar su crecimiento hasta convertirse en uno de los países más ricos del mundo.
Unos 1,4 millones de inmigrantes viven en la ciudad estado, y suponen un 38% de su fuerza de trabajo. Al menos dos tercios son migrantes de paso, procedentes de todos los rincones de Asia y que ocupan puestos de bajos salarios rechazados por los locales en sectores como como construcción, transporte de mercancías, mantenimiento y servicio doméstico.
Casi 250.000 de los migrantes viven en 43 residencias de gestión privada, la mayoría a las afueras y alejadas de los impresionantes rascacielos y centros comerciales de lujo. Los trabajadores duermen en literas en habitaciones que suelen reunir a 12 personas y en ocasiones hasta a 20, con un requisito de al menos 4,5 metros cuadrados (48 pies cuadrados) por persona.
Otros 120.000 inmigrantes viven en fábricas convertidas en hostales o instalaciones temporales en centros de trabajo, donde en ocasiones las condiciones son aún peores.
La mayoría de los trabajadores migrantes ganan entre 500 y 1.000 dólares singapurenses (entre 354 y 708 dólares) al mes.
Desde el mes pasado, los datos de infecciones del gobierno separan a los casos de trabajadores inmigrantes de los de la población general. Aunque los casos siguen creciendo entre los empleados extranjeros, las infecciones han remitido entre la comunidad local.
El gobierno tiene previsto reabrir la economía de forma gradual a partir del martes antes de poner fin a las restricciones el 1 de junio, y está deseoso de mostrar que ha resuelto la situación y las medidas han funcionado.
“El mensaje general que no puede obviarse es la historia de dos brotes en Singapur”, dijo Eugene Tan, profesor de derecho en la Universidad de Gestión de Singapur. “El brote al que los singapurenses deben prestar atención es el de la comunidad local. El otro brote de trabajadores extranjeros está recibiendo la atención debida del gobierno, pero no debe ser por el que los singapurenses se preocupen innecesariamente”.
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