El nombre en inglés de Aaron Vick fue uno de los atractivos para que Apex General Contractors decidiera autorizarlo a firmar documentos relacionados al acuerdo para suplir al gobierno con un millón de pruebas serológicas de Covid-19 por $38 millones, admitió el abogado de la empresa, Juan Maldonado, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
“No es secreto que, en transacciones con el gobierno, tener un nombre americano se ve con mejores ojos que (un nombre) local”, dijo Maldonado cuando el representante popular Jesús Manuel Ortiz le cuestionó por qué el dueño de Apex, Robert Rodríguez, no firmó el contrato de compra.
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Maldonado, igualmente, argumentó que, al Vick ser ejecutivo de Fortress Maritime, una compañía dedicada a logística y movimiento de transportación marítima, era conveniente en caso de que Apex hubiera requerido algún tipo de gestión relacionada con el cargamento de ‘rapid test kits’ que estaba supuesto a llevar a la isla el 31 de marzo.
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A pesar de que el gobierno adelantó un pagó de $19 millones a Apex, la empresa no pudo entregar una sola del millón de pruebas de la marca australiana Promedical que acordó suplir ante la emergencia del Covid-19.
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