El abogado Juan Maldonado se amparó en la quinta enmienda cuando se le preguntó cómo llegó la firma del dueño de Apex General Contractors, Robert Rodríguez, a un documento de resolución corporativa del 26 de marzo, día en que se materializó la transacción mediante la cual el gobierno intentó adquirir un millón de pruebas serológicas de Covid-19.
En dicha resolución se autorizó a Aaron Vick a firmar documentos a nombre de la empresa durante la presente emergencia decretada a raíz de la pandemia.
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“¿La firma en ese documento responde a Roberto Rodríguez?”, le preguntó a Maldonado el presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales.
“No puedo contestar cómo la firma llegó ahí. Me amparo en la quinta enmienda y el derecho a la no autoincriminación”, respondió el abogado.
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Más adelante, a preguntas del representante independentista Denis Márquez, Maldonado volvió a levantar su derecho a no autoincriminarse cuando se le cuestionó si esa firma de la resolución corporativa cumplió con las disposiciones que regulan las transacciones notariales.
A lo largo del interrogatorio, Maldonado mencionó que mantiene una relación de amistad con Vick, reconociendo que incluso ha recibido en su casa al ejecutivo de la empresa Fortress Maritime. Esta compañía ha mantenido contratos desde 2018 con la Autoridad de Transporte Marítimo, incluyendo durante el periodo en que Maldonado fue director ejecutivo de esta instrumentalidad, a la que renunció en febrero de 2019.
“Vick fungió como la persona autorizada a firmar la compra, la orden y los documentos (a nombre de Apex). Para propósitos de esta transacción se acordó que él fuera la persona que iba a firmar”
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“¿Lo acordó Robert Rodríguez con (Vick)?”, preguntó Morales.
“Se acordó con mi persona de intermediario entre el señor Rodríguez y el señor Aaron (Vick). Entiendo que ese mismo día”, replicó el testigo, quien agregó Vick estaba autorizado a firmar documentos pero no a hacer negocios a nombre de Apex. Maldonado también mencionó que le notificó a Vick cuando se utilizó su firma en el contrato de compra.
Sin embargo, cuando Morales indagó sobre la manera en que Rodríguez y Maldonado contactaron a Vick, el licenciado se amparó en el privilegio abogado-cliente para no contestar la pregunta.
Maldonado levantó el mismo privilegio para dejar en el aire el cuestionamiento sobre si Vick recibiría alguna compensación a cambio de la autorización para utilizar su firma a nombre de Apex.
“Las expresiones del señor Vick son lamentables. Él mismo ha hecho expresiones públicas de tomar acción, y porque hay un referido de esta honorable comisión, no puedo entrar en más detalles”, afirmó Maldonado en referencia a las alegaciones de Vick de que no tenía conocimiento del uso que se le daría a su firma.
Varias veces durante su interrogatorio, Maldonado respondió que, aunque sí esperaba obtener una porción de las ganancias de $8.5 millones que se esperaba generar mediante la venta de pruebas, no se había discutido cómo se las habría dividido con sus clientes.
El abogado precisó que, si bien la orden de compra se adjudicó a Apex, los dueños de al menos otras dos empresas que no están autorizadas a hacer negocios con el gobierno local habían participado del proceso de contactar a 501 Nutrition, la compañía distribuidora en Estados Unidos de los “rapid test kits” que la australiana Promedical fabricaba.
