Juan Maldonado acepta vínculos con representantes de 313 LLC

El exfuncionario, no obstante, rechazó que influyera en la compra de pruebas rápidas que el Departamento de Salud realizó a esa compañía

Por Manuel Guillama Capella

El abogado Juan Maldonado negó estar relacionado de alguna manera al negocio de pruebas serológicas de Covid-19 entre el gobierno y 313 LLC, pese a que reconoció los vínculos que lo unen a Ricardo Vázquez, representante autorizado de esa empresa, y Juan Suárez Lemus, quien aparece como uno de los administradores registrados.

En la vista pública realizada hoy por la Comisión cameral de Salud, Maldonado reconoció que perteneció hasta octubre de 2019 al Grupo Lemus, del cual Vázquez igualmente es representante autorizado y agente residente y Suárez Lemus, administrador. Según Maldonado, abandonó la compañía por “diferencias en la manera de hacer negocios” que tuvo con Suárez Lemus y Vázquez.

Suárez Lemus, además de antiguo socio de negocios, es el padrino de la hija menor de Maldonado, aunque este aseguró que no se han comunicado desde que dejó el Grupo Lemus.

El abogado, en tanto, dijo que Vázquez fue agente residente de Alister McKinley, una compañía de responsabilidad limitada que Maldonado registró en el estado de Florida pero que está autorizada a operar en Puerto Rico y en un periodo de cuatro meses en 2019 obtuvo cuatro contratos con entidades públicas.

Sin embargo, Vázquez solicitó que se eliminara su nombre como agente residente cuando Maldonado optó por abandonar el Grupo Lemus, según declaró este último ante la Cámara baja.

Maldonado afirmó que, pese al distanciamiento profesional, sigue considerando amigos tanto a Vázquez como a Suárez Lemus.

313 LLC y Apex General Contractors, empresa que Maldonado representó legalmente, son dos de las tres compañías puertorriqueñas a las que se le han adjudicado contratos para suplir pruebas serológicas en medio de la emergencia desatada por la epidemia del coronavirus. La tercera es Castro Business, del empresario Ricky Castro.

Maldonado dijo que no conoce a Miguel García Robles ni a Wilfredo Rodríguez, las otras dos personas que aparecen registradas como administradores de 313 LLC.

El gobierno también le ha comprado pruebas rápidas a Maitland 175, una compañía de la Florida, mientras que las pruebas moleculares las suple el laboratorio estadounidense Quest Diagnostics.

De funcionario a contratista

Partiendo de su testimonio ante la Comisión de Salud, Maldonado incorporó Alister McKinley como una subsidiaria de Premium Holdings, otra compañía de responsabilidad limitada de la que Maldonado es el único dueño.

El 16 de mayo, apenas unos meses después de que Maldonado dejara –en febrero de 2019– su cargo de director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, Alister Mackinley obtuvo un contrato con el Senado, un acuerdo de $5,000 para ofrecer consultoría legal hasta el final de ese año fiscal.

El 3 de junio, la firma recibió un contrato de $9,875 por un mes con el Departamento de Estado para servicios administrativos, mientras que el 20 de septiembre acordó brindar hasta fines del año servicios de planificación al municipio de Las Piedras por una cuantía de $20,000.

Tres días después, la compañía de Maldonado firmó un contrato por $199,500 con el Fideicomiso para las Comunidades Especiales con vigencia hasta el 30 de junio de este año.

Sin embargo, este contrato de servicios legales fue cancelado luego de la orden de la gobernadora Wanda Vázquez, hace casi un mes, para que todas las agencias del ejecutivo anularan todos los convenios vigentes con personas y empresas asociadas a la compra a Apex General Contractors.

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