Antes de venderle 50,000 pruebas rápidas al Gobierno, Ricky Castro Ortiz ya conocía al coordinador del Task force médico, el Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, con quien, según dijo, colaboraba en un proyecto relacionado a la Universidad de Puerto Rico antes de la llegada del coronavirus.
En contraste, Rodríguez Quilichini afirmó en las vistas ante la Cámara de Representantes el pasado 22 de abril: “Yo no conozco a los suplidores”, cuando se le preguntó si había sostenido reuniones con algún suplidor del Departamento de Salud.
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En entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el dueño de Castro Business no quiso dar detalles del proyecto en el que colaboraba con el galeno y rechazó que la relación entre él y el Dr. Rodríguez Quilichini sea mediante el Partido Nuevo Progresista (PNP), colectividad de la cual ambos son donantes.
“Trato de mantenerme fuera de la política”, dijo Castro Ortiz.
De lo que sí habló el empresario fue de cómo llegó a venderle pruebas al Departamento de Salud: a través del Dr. Rodríguez Quilichini y de Mabel Cabeza, según dijo.
“Segundo [Rodríguez] me refirió al neumólogo [Dr. Luis Carlos Torrellas, del Task force médico] para la evaluación de los ventiladores. [En el caso de] las pruebas, me refirió a Salud por conducto de la Sa. Cabeza, quien a su vez me refiere a Adil [Rosa]”, sostuvo Castro Ortiz.
Rosa, exsecretaria auxiliar de la agencia, estuvo a cargo de las compras de emergencia, mientras que Cabeza, pasada Chief of Staff en Salud, era el enlace entre La Fortaleza y el Task force médico.
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“Debo aclarar que la palabra ‘refiere’ sólo significa que me pide que trabaje todo con ellos. De ninguna manera se debe interpretar que él ordenó la compra. Yo tuve que presentar mi producto a Salud”, añadió Castro Ortiz.
Esto contradice las declaraciones del Dr. Rodríguez Quilichini, quien aseguró en una vista en la Cámara de Representantes el pasado 22 de abril, que no conocía a ningún suplidor de Salud y que se limitó a referir información de contratistas a esa agencia y a orientar sobre las necesidades para atender la pandemia.
Rodríguez Quilichini además dio seguimiento, según testimonio en vista cameral
Mabel Cabeza validó en vista pública esta semana que fue el Dr. Rodríguez Quilichini quien le refirió el 20 de marzo la información de Castro Ortiz, diciéndole que sus pruebas llegarían en cinco días. Dos días después, el galeno dio seguimiento y le preguntó a Cabeza, según ella, si ya había contactado a Castro Ortiz. Ese día, Cabeza contactó al empresario. Luego, en una reunión entre el Dr. Rodríguez Quilichini y la entonces secretaria interina de Salud, la Dra. Concepción Quiñones de Longo, que Cabeza dijo haber presenciado, el galeno alegadamente recomendó la compra de las pruebas rápidas porque podía entregar 10,000 “que llegaban en cinco días” y que acto seguido, la transacción fue aprobada por la Secretaria.
Quiñones de Longo dijo al CPI que no tenía información disponible sobre la transacción con Castro Business.
El 25 de marzo, el Gobierno compró a Castro Business 50,000 pruebas serológicas para detectar anticuerpos al COVID-19, marca Phamatech, a $13 cada una, para un total de $650,000. Una segunda compra para ventiladores que el empresario también intentó vender a la agencia, nunca se completó. El CPI reveló esta semana que las pruebas de Castro Business han tenido problemas de validación y unas 200 han sido devueltas a Salud porque no pudieron usarse por los laboratorios y centros de salud. Castro Business no realiza una entrega de pruebas a Salud desde hace casi un mes y aún debe más de 40,000 pruebas de la orden. La compañía alega que están detenidas en aduanas por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Castro Ortiz dijo que presentó finalmente su propuesta a Adil Rosa, por instrucciones de Cabeza, a quien describió como “la única persona en el COE [Centro de Operaciones de Emergencia] que podía atender la solicitud que estaba haciendo, que era poder hacerle una presentación sobre el producto”.
“[Cabeza] me atiende, me dice, ‘envíame la información a este email’, y después de ahí, al otro día, me escribe Adil para que le envíe la información a ella. Y ahí empezó todo a correr”, sostuvo.
Al cabo de unos días, Castro Business cerró la venta de 50,000 pruebas serológicas marca Phamatech. Castro Ortiz también aseguró que la entonces secretaria en funciones, la Dra. Quiñones de Longo, autorizó la compra.
Aunque la orden de compra establece como término el pago por adelantado de los $650,000, Castro Ortiz aseguró al CPI no haber recibido “un solo centavo” al día de hoy. Reiteró que sus pruebas tienen garantía y que todavía Salud no le ha informado problema alguno con las pruebas que vendió.
“Hice mi transferencia de dinero y no he recibido ningún pago, ni he hecho gestiones de cobrar ni siquiera las que estaban entregadas”, sostuvo.
A principios de abril, la empresa había entregado a Salud alrededor de 9,000 pruebas Phamatech, pero luego no pudo continuar la entrega ya que, según dijo, la FDA detuvo sus pruebas en el aeropuerto y todavía no las libera.
“Tengo un abogado trabajando con eso. Te puedo decir que inicialmente había una investigación criminal de todas las pruebas que entraron a Puerto Rico. Nos liberaron de la investigación criminal, y ahora están en una etapa investigativa de compliance [cumplimiento]. Eso es lo que nos han informado. Según ellos [FDA], no tienen ninguna obligación de decirnos nada. Pero mi abogado ha estado trabajando con ellos bien de cerca en ese aspecto”, explicó.
Castro Ortiz dijo no tener evidencia documental que sostenga las razones por las cuales la agencia federal mantiene detenida su operación.
A preguntas del CPI sobre por qué detienen la distribución de estos productos, una portavoz de la FDA contestó que la agencia está impedida de expresarse “sobre interacciones específicas entre Puerto Rico y la FDA”.
Ante el escenario de incumplimiento, el CPI le preguntó a Castro Ortiz qué ocurrirá con la orden y por qué no ha hecho gestiones de cobro.
“Estoy en ‘no cumplimiento’ por culpa de la FDA y el revolú que se formó. Cuando esté en cumplimiento y si el Departamento de Salud me permite estar en cumplimiento, pues entonces exigiría el pago”, contestó. “Yo no puedo recibir el pago por algo que no haya cumplido”.
Otro suplidor de pruebas rápidas de COVID-19, 313 LLC, mantiene una pugna legal con el Departamento de Salud, ya que la agencia rehúsa recibir alrededor de 50,000 pruebas de esta compañía por haber incumplido con los términos de entrega. El Gobierno intenta renegociar el precio de estas pruebas, acordadas inicialmente a $36 cada una, según la orden de compra vigente.
Castro Business adquirió las pruebas Phamatech a través de un intermediario en Miami, “Cladd”, entidad con la cual también trabaja Castro Ortiz en los Estados Unidos.
“Tenemos una compañía que se dedica a vender equipo médico y a dar servicios de facturación a planes médicos y recopilación de facturación errónea. Hemos vendido en Estados Unidos sobre 12 millones de pruebas y nos asignaron para vender a Puerto Rico una cantidad específica. En ese momento, me di a la tarea de ofrecerlas al equipo del Task force, que de hecho me dio un poquito de trabajo conseguirlo. Finalmente le envié la información al equipo, de ahí me refirieron al Departamento de Salud, quienes evaluaron e hicieron la orden”, dijo Castro Ortiz.
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