En momentos en que se desconoce el detalle de la mayoría de los gastos incurridos por el gobierno durante la emergencia del Covid-19, al menos dos medidas que buscan fomentar la transparencia esperan por que se les dé curso en el trámite legislativo.
“La transparencia no es un obstáculo, al contrario. La divulgación clara y precisa de información no cuesta nada. No impone una carga económica a las agencias del gobierno y tampoco obstáculos ni cortapisas a la gestión de contratar y adquirir materiales. Coincido con la apreciación de que en momentos de emergencia el gobierno tiene que responder de manera ágil y hay que garantizar de alguna manera que esa agilidad sea al momento en que hace falta que se responda. Pero la transparencia, el deber de divulgar la información de cómo se está usando el dinero no cuesta ni obstaculiza el proceso”, puntualizó el senador Juan Dalmau.
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El 2 de abril, el legislador independentista presentó el Proyecto del Senado 1552, que propone que cada contrato gubernamental que se otorgue siguiendo un procedimiento extraordinario sea publicado, dentro de un término de 24 horas, en el portal cibernético de la agencia o en la página de La Fortaleza.
Además, el contratista gubernamental estaría obligado a presentar copia de cualquier subcontrato ante la agencia en cuestión, que a su vez tendría el deber de divulgar esa transacción. La pieza legislativa dispone que sus disposiciones no podrían quedar suspendidas mediante orden ejecutiva.
De convertirse en ley, a juicio de Dalmau, el proyecto generaría “un efecto inhibitorio, aquellos que vienen como piratas al abordaje van a saber que se va a publicar la información del contrato, cuánto van a cobrar, de quiénes son las corporaciones y las personas detrás de esa incorporación. Esa publicidad de esa información evita a aquellos que creen que en cuartos oscuros pueden negociar contratos que luego el país, por la falta de transparencia, nunca se entera”.
Por su parte, la representante María Milagros Charbonier radicó el 6 de abril un proyecto que introduciría una serie de enmiendas a la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública. Entre ellas, se encuentra un inciso que ordenaría al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres divulgar, dentro de 48 horas, los contratos otorgados al amparo de una declaración de desastre.
“Después de lo que hemos visto en las vistas de la Comisión de Salud hay varias cosas que nos percatamos. No hay un formato para poder transmitirle al pueblo, en blanco y negro, quiénes son los contratistas que en un proceso de emergencia, que se flexibiliza la otorgación de contratos. No hay manera de hacerlo público. Sabemos que está la página del Contralor, pero eso se tarda 15 días. Y creo que el pueblo tiene que saber en momentos de emergencia para que no pase lo que pasó”, dijo Charbonier, en alusión a los escándalos por las compras relacionadas con la presente emergencia.
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Mediante la Orden Ejecutiva 2020-24, del 16 de marzo, la gobernadora Wanda Vázquez pospuso por 60 días los requerimientos ordinarios del trámite de contratación, incluyendo el registro de los contratos ante la Oficina del Contralor.
Aunque la Junta de Control Fiscal publica semanalmente un resumen de los gastos en que ha incurrido el gobierno a través del Fondo de Emergencia, no se detallan los contrataciones ni el dinero utilizado por cada agencia.
Charbonier mencionó que le gustaría que la medida de su autoría, que se encuentra todavía ante la Comisión de Seguridad Pública, presidida por Félix Lasalle, se considere tan pronto como la próxima semana.
“Yo le estoy dando seguimiento”, aseguró la legisladora novoprogresista.
Dalmau, en tanto, admitió que desconoce si se le dará trámite a su proyecto, en un periodo en el que la mayoría de las medidas han ido a votación por descargue.
“No he recibido información de que se esté examinando. Como están operando es por guías de los memoriales que se les pide a los distintos jefes de agencia. Pero te puedo anticipar que esta es una medida legislativa que no requiere mucho análisis. La Legislatura tiene la autoridad constitucional para imponer requisitos de transparencia al momento en que se contrata”, sentenció Dalmau.
Un informe comisionado por la organización Espacios Abiertos y revelado ayer concluyó que Puerto Rico se ubicaría en el último tercio entre alrededor de 130 jurisdicciones a nivel mundial en términos del acceso público a la información.
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