El licenciado Juan Maldonado, abogado de APEX, empresa a la cuál el gobierno de Puerto Rico le adelantó un pago de $19 millones en una venta de $38 millones para adquirir un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus COVID-19, fue citado para el día de mañana a las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
Además, también fueron citados Castro Business Enterprises, Inc y la compañía 313 LLC. La información fue confirmada por el presidente de la Comisión, Juan Oscar Morales, quien adelantó en entrevista con Radio Isla 1320 am que espera tener un informe preliminar de la investigación para antes del viernes.
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Maldonado ha sido mencionado por ser el enlace entre el gobierno y la empresa para la venta de estas pruebas, que al no poder cumplir con la fecha estipulada para llegar se canceló la orden, aunque también se informó que estas pruebas no contaban con la aprobación de la FDA, por lo que tuvieron que devolver los $19 millones que se le habían adelantado en un pago realizado en menos de 24 horas.
APEX, es una empresa que lleva años teniendo contratos con el Gobierno de Puerto Rico pero en el área de la construcción y nunca había tenido experiencia en temas de salud.
Mientras, que la empresa 313 LLC también tuvo una compra millonaria para adquirir pruebas y que no cumplieron con la fecha estipulada de entrega. Actualmente, esta empresa y el Departamento de Salud se encuentran negociando una reducción en el costo de las pruebas ya que el secretario Lorenzo González considera que están a sobreprecio en comparación a como están en el mercado, el pago de estas pruebas se le adelantó por el Gobierno de Puerto Rico en un 100%.
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La Comisión de Salud cameral investiga todo el proceso en que se hizo la transacción luego de que la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, hiciera serios señalamientos públicamente incluyendo que una ayudante de la Fortaleza, Marisol Blasco, le llamara para decirle que tenía 20 minutos para firmar el contrato.
En las vistas se han citado para ser cuestionadas por los representantes varias personas incluyendo Antonio Pabón, secretario de la gobernación, Lillian Sánchez, subsecretaria de la gobernación, Doctor Segundo Rodríguez, miembro del Task Force, Mabel Cabeza, entre otros.
Por otro lado, Morales indicó que se encuentra considerando citar a la exsecretaria de la gobernación, Zoé Laboy, por sus declaraciones de ayer en las que confirmó que la gobernadora Wanda Vázquez le diera todos los poderes de secretaria de la gobernación a la subsecretaria, Lilliam Sánchez, después que esta y la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto se expresaran opuestas a que los contratos que se otorgarían en las agencias tenían que cumplir con ciertas especificaciones para ser certificados, regla impuesta por la también exsenadora.
