El secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batllé, admitió que el Departamento de Justicia se comunicó con él para indagar acerca de la manera en que el aparato gubernamental ha manejado la emergencia del Covid-19.
“El Departamento de Justicia hizo un requerimiento a esta persona. Lo único que puedo decir es que hubo un requerimiento porque es una investigación titulada confidencial. Del tipo de requerimiento que era, no era información que estuviera bajo mi custodia y así se lo hice saber al Departamento de Justicia”, dijo Pabón Batlle ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
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El funcionario de La Fortaleza, sin embargo, dijo que no ha recibido ninguna citación del Negociado Federal de Investigaciones relacionado con las irregularidades que han trascendido durante la emergencia del coronavirus.
Asimismo, Pabón Batlle insistió a lo largo de la audiencia que la oficina que dirige no requiere autorizar o tener constancia de las transacciones excedentes de $10,000 que se generen en el gobierno para responder a una emergencia declarada por la gobernadora Wanda Vázquez. De ordinario, la Ley 3-2017 dispone el gobernador o su delegado autorice estas contrataciones –incluyendo órdenes de compra–, bajo la premisa de que la ausencia de dicha certificación anularía la transacción.
Pabón Batlle, por otro lado, dijo que, por disposición de Vázquez, dentro de sus funciones como secretario de la Gobernación no supervisa a la subsecretaria de la Gobernación, cargo ostentado por Lillian Sánchez.
Según el funcionario, ambos cargos se supone que trabajen de forma “coordinada”, aunque separada.
Sánchez testificará ante la comisión en la tarde de hoy, al igual que la ayudante especial de Vázquez, Marisol Blasco, y Mabel Cabeza Rivera, ex jefa de personal en el Departamento de Salud.
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