Al ser confrontada con fragmentos del testimonio de la ex secretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo, la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez, aseguró que no recordaba haber insistido, junto a la gobernadora Wanda Vázquez, para que Mabel Cabeza se encargara de los trámites de compra que gestionaba el Departamento de Salud.
“La señora gobernadora y la señora Lillian Sánchez habían demostrado interés en que Mabel Cabeza ayudara a tramitar las compras y trámites que había que hacer para obtener servicios de emergencia. Hubo una reunión en el Departamento de Salud en la que había de ocho a 10 personas y estaba la señora gobernadora, estábamos haciendo los arreglos y las cosas que había que comprar y obtener, y en esa reunión la señora gobernadora dijo ‘ah sí, pues Mabel puede ayudar a hacer esos trámites’. Lo dijo la gobernadora”, declaró Quiñones de Longo el 8 de abril ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
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La reunión a la que hacía referencia Quiñones de Longo tuvo lugar el 17 de marzo. Según el recuerdo de Sánchez, quien reconoció haber estado presente, en el encuentro había “más de 15 a 20 personas”.
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Mencionó que entre los funcionarios presentes se encontraban Cabeza; el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes; el director de la Administración de Servicios Médicos, Jorge Matta; la entonces epidemióloga del Estado, Carmen Deseda; el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud, Jorge Galva; y el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, quien dos días después sería anunciado como coordinador del ‘task force’ médico.
Tal como declaró más temprano en el día el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, Sánchez Pérez destacó que Cabeza era la figura que mayor dominio demostraba sobre los asuntos que el anterior secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, había dejado pendientes tras su despido el 13 de marzo.
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Según Sánchez Pérez, a preguntas del presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, fue ese conocimiento el que la llevó a recomendarle Pabón Batlle que Cabeza era la persona indicada para fungir como enlace con el ‘task force’.
No obstante, la funcionaria negó haber tenido conocimiento de que Quiñones de Longo, el 18 de marzo, había optado por enviar a Cabeza en destaque a ASEM a partir del día siguiente.
Acto seguido, Morales presentó una ponencia de Cabeza en la que la exempleada de Salud afirma, ese 18 de marzo, que le dejó saber a Sánchez Pérez la determinación que había tomado Quiñones de Longo. De acuerdo con Morales, cerca de las 3:00 p.m. la propia Sánchez Pérez le comunicó a Cabeza que pasaría a trabajar junto a Rodríguez Quilichini.
Sánchez Pérez, a insistencia del legislador, se sostuvo en que si habló con Cabeza “fue después de la decisión” de que se aprobara el destaque a La Fortaleza. Quiñones de Longo ha declarado que no tuvo la posibilidad de leer la carta que firmó para autorizar el destaque.
A lo largo de la vista, Sánchez Rivera no pudo precisar a quién respondía Cabeza en su función de enlace entre el gobierno y el ‘task force’. Marisol Blasco, ayudante especial de Vázquez, indicó que creía haberle dicho a Cabeza que se reportara al secretario de la Gobernación.
La subsecretaria de la Gobernación igualmente alegó no recordar su participación en una reunión en la noche del 18 de marzo en la que, según un correo de Raúl Bandas, asesor legal del Departamento de Salud se discutió una compra de pruebas rápidas de Covid-19 que sería autorizada al día siguiente. De acuerdo con Morales, Cabeza también participó de esa reunión al ser llevada por Sánchez Pérez, pese a que Quiñones de Longo había expresado que no quería que Cabeza interviniera en esos procesos internos de Salud.
Ayudó a tramitar adelanto
Sánchez Rivera sí aceptó que el 21 de marzo contactó al secretario auxiliar de Contabilidad Central en el Departamento de Hacienda, Alfonso Rossy, para que le “aclarara” a Cabeza y Adil Rosa, ex secretaria auxiliar de Salud, los procedimientos para tramitar un pago por adelantado a 313 LLC, que había acordado venderle 100,000 pruebas rápidas de Covid-19 al gobierno.
Morales le cuestionó a la funcionaria por qué Cabeza estaba involucrada en una transacción cuando no ostentaba funciones en Salud.
“Yo no puedo decir que entró en el detalle de la orden de compra. (Cabeza) era como el enlace para que las cosas sucedieran. (La duda) no era sobre la orden de compra, era completar un trámite”, planteó Sánchez Pérez, a lo que Morales le replicó que eso era función del área de Compras del Departamento de Salud.
El representante, asimismo, puntualizó que, pese a que la factura de 313 LLC estipulaba un adelanto del 60%, mediante el trámite realizado se le pagó a la empresa la totalidad de los casi $3.7 millones a los que ascendió la compra. Hoy trascendió que el gobierno inició un litigio para que 313 LLC reduzca el precio, luego de incumplir con las fechas de entrega de los ‘rapid test kits’.
Por su parte, Blasco negó que hubiera presionado a Quiñones de Longo para que firmara, en 20 minutos, la orden de compra de 200,000 pruebas rápidas a la empresa Maitland por $5.2 millones.
Además de Quiñones de Longo, tres empleados y exempleados de Salud han testificado que escucharon a Blasco ejercer esa presión mediante una llamada telefónica.
“Yo no doy ninguna instrucción a (Quiñones de) Longo ni a ningún jefe de agencia. No le dije a la doctora que firmara ningún contrato”, afirmó Blasco.
La ayudante, de igual manera, rechazó haberle indicado a Rodríguez Quilichini que no podía invitar al doctor Carlos Mellado al ‘task force’ debido a que era un “enemigo del Estado”, como ha declarado el galeno.
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