“La situación se está poniendo bien complicada”. Así Zinia Dávila resumió su actual situación económica en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Su testimonio, como el de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, resuena ya que a unos 46 días desde que se implementó el toque de queda, muchas familias esperan recibir esas ayudas económicas que prometió el gobierno de la isla.
Para Dávila, quien labora como enfermera en el Hospital Auxilio Mutuo, las deudas se van acumulando y los cheques de ayuda del gobierno no llegan. En medio de la emergencia su patrono le redujo la jornada laboral debido a la disminución de pacientes en su área. Ahora trabaja unos dos o tres días a la semana para el cual recibe un cheque de unos $469 cada dos semanas. Su esposo, quien es guardia de seguridad, también recibió una reducción de jornada para trabajar unas 24 horas a la semana con un sueldo a $7.25 la hora. Sus dos hijos quedaron cesanteados. Y mientras los gastos se acumulan, Dávila ha intentado solicitar el desempleo por reducción de jornada laboral, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y aún espera por el ansiado incentivo de $3,000 que le prometieron a las enfermeras del sector privado.
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“No lo pido porque sí…Es algo que estamos pasando todos los puertorriqueños unos de una manera y otros de otra. Pero en lo que se resuelve la situación yo entiendo que tengo un beneficio”, señaló la enfermera de 42 años edad y residente de Río Grande. Dávila contó que inicialmente recibió una notificación del Departamento del Trabajo determinado que no cualificaba. Sin embargo, al pasar los días supo —por su propio patrono— que podría retomar el trámite siempre y cuando este le envíe un documento que certifique su reducción de jornada para certificarlo ante la agencia. Añadió que ha intentado llamar a la agencia en varias ocasiones para orientarse, pero no le contestan o la línea está ocupada. Mientras que el servicio del PAN lo solicitó el 8 de abril, pero aún no ha recibido respuesta.
“Yo lo que necesito es para comida y pagar mis cosas porque [las deudas] se van a seguir acumulando”, dijo Dávila, quien admitió sentirse “aturdida”. La mujer también destacó que como enfermera aún no ha recibido el incentivo de $3,000 anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez. De acuerdo con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, los incentivos para las enfermeras del sector privado son custodiados por el Departamento de Hacienda. Metro intentó comunicarse con Hacienda para conocer el estatus del desembolso, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Similar a Dávila, la situación de María Quiñones, quien reside en San Juan, se ha tornado cuesta arriba pues tiene que estirar el dinero para proveerle comida a sus tres nietos.
Quiñones figura como demandante en el pleito contra el Departamento de Educación en el que se solicita la reapertura de los comedores escolares durante la emergencia. “Ya es insostenible. Por eso quise unirme [a la demanda] para abogar por otras personas”, dijo Quiñones. Narró que, al momento, recibe Seguro Social y el PAN, pero que ya a principios de mes agotó los fondos del PAN para comprar comida a sus nietos de 17, 15 y 13 años de edad. “Ya no me queda absolutamente nada. Estoy como uno dice bregando y trabajando con la reserva que uno tiene”, comentó la mujer de 69 años de edad.
