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En suspenso subsidio para viviendas alquiladas

Aunque catalogó la propuesta como razonable indicó que no cuenta con los fondos para implementarlo.

Si bien la directora de la organización Ayuda Legal, Ariadna Godreau, insistió en que el gobierno otorgue un subsidio para personas que alquilan viviendas privadas en la isla, el secretario de Vivienda, Luis Fernández Trinchet, aseguró que al momento no cuentan con los suficientes fondos para poder financiar dicha propuesta.

Asimismo, la también abogada planteó que no han recibido respuesta de la gobernadora Wanda Vázquez ni del secretario Fernández Trinchet luego de que hace una semana cursaran una carta con esta solicitud en medio de la emergencia provocada por el coronavirus. 

“No hemos recibido ninguna respuesta sobre eso…Los fondos ya están. Estamos hablando de $51.9 millones, casi $52 millones en fondos CDBG, que son los fondos que llegan directamente al gobierno central como a municipios y que permiten expresamente se pueden utilizar para pago de rentas por emergencia”, señaló Godreau en entrevista con Metro.

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Agregó que en otras jurisdicciones como Florida y Nueva Jersey se han implementado medidas similares de asistencia de renta. “Es utilizar este dinero como subsidio de renta a corto plazo, una asistencia de renta a corto plazo, para familias de escasos ingresos, y que son familias que con este proceso de la pandemia han perdido los recursos que necesitan para poder pagar la renta y es medular”, comentó Godreau.

Por su parte, el secretario del Departamento de Vivienda, Fernández Trinchet, aunque catalogó la propuesta de Ayuda Legal como “razonable”, indicó que al momento no han adoptado un subsidio al alquiler privado debido a que no cuentan con los fondos suficientes. Expuso además que los fondos federales CDBG que recibirán —unos $14 millones del CARES Act— serán distribuidos entre los municipios y estos son los que decidirán su destino, lo cual estaría en manos de ellos crear programas como este para atender a poblaciones que requieran asistencia en el pago de renta.

“Si tuviera las fuentes de fondos, claro que lo haríamos. Ahora mismo, por ejemplo, DR [fondos para respuesta de desastres], tiene un solo vínculo [ y es para afectados por] huracán Irma y María. No puedo utilizar fondos DR, que es otra de las peticiones que se ha hecho al Congreso para el impacto del terremoto y el virus. Por ejemplo, ese mismo programa esa asistencia para renta que tiene $10 millones asignados, si yo pudiese utilizar DR para el impacto de virus yo mañana asigno $20 o $30 millones, la cantidad necesaria par ayudar con esto mismo [subsidio para alquiler de vivienda]”, señaló el funcionario, quien aseguró que enviarán una misiva a la organización Ayuda Legal.

Según Fernández Trinchet, de esos $52 millones, $14 millones son para el Departamento de Vivienda y el restante para programas de la Administración de Vivienda Pública. Añadió que el gobierno federal aún no ha publicado las guías que regirán el uso de esos $52 millones.

La abogada, mientras tanto, mencionó que las viviendas públicas y subsidiadas por el Departamento de Vivienda ya cuenta con una moratoria de unos 120 días, por disposición federal, pero que esto no aplica para alquileres en viviendas privadas. Indicó que las personas mayormente afectadas son personas y familias de escasos recursos, estudiantes y mujeres. Godreau también aclaró que las moratorias otorgadas están dirigidas a las deudas hipotecarias ante instituciones financieras y no entre los alquileres entre privados.

En cuanto a una moratoria a las rentas entre privados, Fernández Trinchet indicó que la agencia no tiene injerencia en imponer este tipo de mecanismo. Argumentó que una moratoria tendría que ser implementada por mandato legislativo.

Godreau también solicitó a que se extiendan los plazos para evitar órdenes de lanzamiento y desahucios ya que, en el sistema judicial local, la moratoria a estos casos culmina el 1 de mayo. Mientras que en el sistema judicial federal, la prohibición para ejecuciones, órdenes de lanzamiento y desahucios es hasta el 30 de mayo. Por lo tanto, según la directora de la organización Ayuda Legal, en estos momentos ni tan siquiera la Policía puede sacar a una persona de su hogar sin una orden del tribunal.

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