72 horas tiene el Registro Demográfico para justificar porque no entrega información pública

Se trata de la base de datos de mortalidad del 2007 al 2020.

Por Metro Puerto Rico

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó a la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, presentar en no más de tres días las razones para no entregar información solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El CPI solicitó al Registro Demográfico la base de datos de mortalidad de los años del 2007 al 2020, documentos públicos manejados por la agencia.

La solicitud del Centro de Periodismo, además de los datos de mortalidad del 2007 al 2020, todos sus campos, salvo los números de seguro social, en formato reutilizable, así como su diccionario de datos.

Además, solicitan una copia digital de los certificados de defunción desde el 1 de enero de 2020 hasta el presente.

Ante estos reclamos, el juez Anthony Cuevas, indicó que de no cumplir con los tres días otorgados, se ordenará cumplir con las exigencias en el recurso legal sin citar a la parte demanda ni oírle.

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Esto luego de conversar con la comisionada residente de Puerto Rico.

La periodista Laura Moscoso, en representación del CPI, inició la gestión para obtener los datos de fallecidos el pasado 23 de marzo en una comunicación dirigida a Llovet Díaz, Concepción Quiñones De Longo, entonces secretaria interina de Salud, y a oficiales de prensa del Departamento de Salud y La Fortaleza. Solicitó la base de datos de mortalidad en Puerto Rico de los años 2007 al 2020.

Tras examinar un disco digital entregado por Salud, el 6 de abril Moscoso volvió a contactar a los oficiales del Gobierno para informar que la base de datos que entregaron estaba incompleta, “ya que algunos campos, como el del nombre de la persona fallecida, fueron removidos de la misma”.

Ante la información incompleta, el CPI insistió en obtener el documento completo y además solicitó copia digital de los certificados de defunción emitidos desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad. A pesar la petición a los funcionarios públicos concernidos, incluyendo a Llovet Díaz y al nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, “ningún representante de las partes promovidas respondió a los mensajes de seguimiento”, indica el recurso legal.

En este caso, el CPI es representado por Luis José Torres Asencio, Annette Martínez Orabona y Steven Lausell Recurt, abogados de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

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