El Departamento de Hacienda habría autorizado una transacción sin fianza y sin cumplir con los criterios del Reglamento 31 de la agencia en la fallida compra de un millón de pruebas para detectar el COVID-19 con la empresa Apex General Contractors, según trascendió hoy en una vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
Durante la vista en la que se investiga la compra de estas pruebas con una empresa de construcción con el Departamento de Salud, el secretario auxiliar de contabilidad central de Hacienda, Alfonso Rossy, justificó el pago por adelantado de $19 millones a Apex y que a pesar de que se solicitó tras una llamada de Adil Rosa Rivera, entonces secretaria auxiliar de Administración de Salud, se cumplieron con los procesos de la agencia. La funcionaria también habría solicitado que el pago se hiciera por medio de un wire transfer y no por ACH, el método habitual de pago en Hacienda.
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“¿Ese proceso se da comúnmente en el Departamento de Hacienda?”, preguntó Morales a Rossy. “No es algo que se hace todos los los días pero se trabaja”, respondió Rossy. Indicó además que luego de recibir la llamada de Rosa Rivera se comunicó con Jeira Belén, secretaria auxiliar del Tesoro. El wire transfer debía ser aprobado por el Tesoro, pero la solicitud de pago adelantado la evalúa la oficina de Contabilidad Central de Hacienda.
Admitió también que recibió una llamada en conferencia de Lillian Sánchez, subsecretaria de la gobernación; de Mabel Cabeza, ex Chief of Staff de Salud; y de Rosa Rivera, para “orientarse” sobre las compras por adelantado del Departamento de Salud. Según Rossy, en ese momento evaluaban solicitudes de pago adelantado a las empresas Maitland 175, 313 LLC y otra compañía que no recordó. El representante Juan Oscar Morales le preguntó si se trataba de Castro Business pero no pudo precisar. Rossy tampoco pudo contestar cuál era la posición de Cabeza al recibir su llamada. Esto se trataría de otra instancia en la que habría habido intervención de Cabeza en el proceso de compra de pruebas, quien debido a discrepancias con la entonces secretaria de Salud Concepción Quiñones de Longo fue enviada en destaque a La Fortaleza. Sin embargo, en otras vistas de la Comisión de Salud se han ofrecido testimonios en los que se plantea la participación de Cabeza, desde La Fortaleza, en el proceso de compras de Salud.
Primeramente, Morales increpó a Rossy sobre las razones para autorizar la transacción anticipada de $19 millones a Apex. La transacción con la empresa era de $38 millones por un millón de pruebas, pero la empresa solicitó el 50% de la cuantía en un pago por adelantado. El funcionario indicó que la agencia solo debía cumplir con uno de los tres criterios del Reglamento 31 los cuales eran que se trate de la práctica comercial, que esté estipulado en el contrato y que se trate de un suplidor único. Primero Rossy dijo que la solicitud de pago adelantado cumplió con el criterio de suplidor único debido a que era la única empresa que podía producir un millón de pruebas. Sin embargo, a cuestionamientos de Morales, Rossy no pudo justificar el cumplimiento de dicho criterio.
Luego, Rossy aseguró que cumplieron con los primeros dos criterios ya que el reglamento no requiere estricto cumplimiento con los tres.
“La práctica es pagar por adelantado?”, preguntó Morales. “No, pero las prácticas se modifican debido a la declaración de emergencia”, respondió Rossy.
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Por su parte, el funcionario argumentó nuevamente que la declaración de emergencia provocó que no solicitaran una fianza para asegurar la transacción adelantada. “Estábamos en cuarentena y esas compañías fiadoras no podrían producir fianza”, señaló Rossy.
“¿Ese dinero pudo haber estado en riesgo de perderse?”, preguntó nuevamente Morales. “Pudo haber pasado”, confesó Rossy.
Ante todas las controversias, Rossy aseguró sentirse satisfecho con la manera en que Hacienda manejó las transacciones. Y comentó que se siguieron los procesos correctos pese a las irregularidades señaladas.
Admite pago indebido en fletes
De igual manera, Rossy admitió que pudo haberse autorizado un pago indebido para el pago de fletes e impuestos y que el Departamento de Salud no ha solicitado las exenciones requeridas.
De acuerdo con Morales, Salud habría realizado dos transacciones a favor de la empresa Maitland 175 por pago de fletes e impuesto al estado de la Florida, de $355,000 y otra de $718,000.
Rossy admitió que —el 16 de abril recibió un mensaje por Telegram de Belmarie Martínez de Salud— para orientarse sobre cómo podría solicitar un waiver o un relevo para no pagar los impuestos del estado de Florida. Según el funcionario, las regulaciones de dicho estado apuntan a que las otras jurisdicciones deben solicitar dicha exención ya que no es automática.
La semana pasada, Morales mostró varios documentos que señalaban que la agencia habría pagado en exceso a la empresa Maitland 175.
