Ulises García pasó de ser camarero a trabajar en una lavandería. Yelitza Esteva solía ser manicura pero ahora compra y reparte comida a domicilio. Maribel Torres pasó de limpiar casas a coser mascarillas.
La pandemia del coronavirus ha destruido sectores de la economía dominados por la mano de obra inmigrante: muchos restaurantes, hoteles, servicios de limpieza de oficinas, cuidadoras de niños, peluquerías y centros de belleza, entre otros, han cerrado sus puertas porque las autoridades no los consideran esenciales.
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El Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria, en español) considera que el 20% de los trabajadores estadounidenses operan en industrias vulnerables donde se esperan despidos masivos de inmigrantes a pesar de que éstos representan sólo el 17% del total de la fuerza laboral.
Y los inmigrantes que no tienen estatus legal no pueden acceder al paquete de 2.200 millones de dólares en ayuda financiera que el Congreso aprobó recientemente para apoyar a las familias afectadas por la pandemia.
“No sé si siga en esto, trabajando aquí, porque no me siento cómodo trabajando en un lugar cuando el virus está por todos lados”, dijo García, que antes de la pandemia era camarero y ahora trabaja en una lavandería en Brooklyn. García se dedica a vender productos como detergente o lejía que necesitan los clientes del establecimiento.
“El problema es que no se sabe cuánto tiempo durará esto”, agregó el inmigrante mexicano.
La venezolana Yelitza Esteva no tenía otra opción después de haber perdido su trabajo haciendo manicuras en una peluquería de Miami en la que ganaba 2.100 dólares al mes.
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Su marido también se quedó sin empleo en una empresa de restauraciones de casas. Además de pagar el alquiler de su vivienda y los servicios de agua, luz y teléfono, enviaban dinero al menos a siete familiares en Venezuela.
“Me asusté. Me quedé sin nada”, dijo Esteva, una inmigrante de 51 años que abandonó Venezuela en 2015 para pedir asilo en Estados Unidos.
Ahora Esteva y su marido trabajan para el servicio de compra y distribución de alimentos de un supermercado llamado Instacart y ganan un promedio de 150 dólares al día por más de 12 horas de trabajo.
La mayoría de los inmigrantes con residencia permanente pueden beneficiarse del pago por desempleo y de la ayuda que el Congreso ha aprobado. Algunos con un permiso de trabajo temporal, como los que solicitan asilo, también pueden pedir ambas formas de apoyo económico.
Pero los inmigrantes que se encuentran sin permiso legal en el país no pueden acceder a ninguna incluso si pagan impuestos. El gobernador de California, Gavin Newsom, sin embargo, anunció la semana pasada que su estado ofrecerá un pago a los inmigrantes perjudicados por el coronavirus que viven en el país ilegalmente. Newsom dijo que entregará 500 dólares por persona a aproximadamente 150.000 adultos.
Algunas ciudades estadounidenses impulsan iniciativas similares: Minneapolis y St. Paul, en el estado de Minnesota, han creado fondos especiales que están disponibles para todas las personas independientemente de su estatus migratorio. Austin, en Texas, tiene un fondo que será utilizado en parte para ayudar a quienes han quedado marginados de la ayuda federal.
Diana Mejía, coordinadora de salud y seguridad del grupo de ayuda a inmigrantes Wind of the Spirit, aseguró que durante años han llegado jornaleros todos los días a la estación de trenes de Morristown, en Nueva Jersey, con la esperanza de ser contratados por empresas de construcción o jardinería. Ahora casi todos los días hay caras nuevas, dijo.
“Muchos son trabajadores de restaurantes. También trabajaban para empresas de construcción que cerraron”, explicó.
En Nueva York, la inmigrante mexicana Maribel Torres trabajaba limpiando apartamentos, pero sus clientes dejaron de llamarla al comienzo de la pandemia. Su esposo perdió su empleo cuando el restaurante en el que cocinaba cerró.
Ahora, con el apoyo de MakerSPace, un espacio de trabajo compartido que ofrece herramientas para que la gente aprenda oficios, y La Colmena, una organización sin fines de lucro que ayuda a jornaleros, está confeccionando mascarillas de tela en su casa.
Junto a otras tres mujeres inmigrantes que hacen lo mismo donarán algunas máscaras y venderán otras. Hasta ahora han vendido unas 300 por internet. Un joven jornalero que también perdió su trabajo hace las entregas a domicilio.
“Siento que estamos apoyando a otros y estamos ganando un poco de dinero”, expresó Torres, de 47 años.
La abogada venezolana Leymar Navas trabajaba como cajera en un restaurante de Miami antes del brote de coronavirus. Pero el negocio de sushi cerró en marzo, casi al mismo tiempo que su esposo y sus dos hijos adultos perdieron sus empleos.
Tras una búsqueda desesperada encontró un trabajo a tiempo parcial en una compañía de desinfecciones que limpia los cajeros automáticos de los bancos.
“Nadie se esperaba esto”, aseguró Leymar, quien llegó junto a su esposo economista en 2018 en busca de asilo político. “Pero todo trabajo es digno mientras lleves comida a la mesa”, dijo la mujer de 47 años.
De acuerdo con un estudio del Pew Research Center (Centro de Investigaciones Pew) realizado en marzo, cerca de la mitad de los hispanos entrevistados (el 49%), dijo que alguien en su hogar había tenido un recorte de sueldo o había perdido su empleo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, por encima del 29% de los entrevistados de raza blanca y del 36% de los de raza negra.
Un análisis reciente del Centro Pew basado en estadísticas del Censo encontró que ocho millones de hispanos tenían una alta posibilidad de perder sus empleos en el sector de servicios.
Muchos inmigrantes con nuevos trabajos dicen ahora que están agradecidos de tener un empleo durante la pandemia, aún cuando ponen en riesgo sus vidas.
“Miedo muchísimo, muchísimo”, dijo Esteva, la inmigrante venezolana que se aplica loción antibacterial en todo el cuerpo cuando sale a comprar al supermercado y luego hace los repartos. “Estoy confiando en Dios, que es el que nos está protegiendo”.
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