Uno de los factores más importantes para conocer el estatus real de la letalidad del COVID-19 en Puerto Rico es hacerle la prueba molecular a las personas que mueren y que tuvieron algún síntoma de la enfermedad.
Sin embargo, los hospitales – que son el lugar de muerte de la mayoría de las personas en la isla – no han estado haciendo las pruebas a todos los pacientes sospechosos y a ninguno de los fallecidos, reconoció el martes a preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano. Sobre el 60% de las muertes en Puerto Rico ocurren en los hospitales, según datos del Registro Demográfico.
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El funcionario respondió la pregunta durante una conferencia de prensa el martes sobre el estado de situación del COVID-19 en la isla donde informó también que las muertes por la enfermedad ya suman 64 y que, de esas, 19 fueron detectadas por medio de las anotaciones que los médicos hacen en los certificados de defunción que envían al Registro Demográfico. González dijo que algunos de estos casos no cuentan con pruebas confirmatorias, pero no precisó cuántos de ellos, y respondió categóricamente que los hospitales no han estado tomando las muestras. El miércoles la cifra de muertes se había elevado a 67, y el dashboard de datos de la agencia sostiene que 46 de ellas tienen pruebas confirmatorias y 21 provienen de reportes de médicos al Registro.
“De los reclamos de personas muertas, hay unos cuantos que se generan a través del Registro Demográfico. No todas las personas que están dentro del marco de referencia del Registro Demográfico tienen pruebas positivas para COVID”, afirmó.
González agregó que “lo único que pide el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos es que haya una certificación del médico estableciendo una relación de COVID con la muerte [para considerarlo] como COVID positivo”.
CPI: ¿Los hospitales no están haciendo pruebas a los difuntos?
“No, no en estos momentos”, respondió el Secretario. Cuando se le preguntó por qué no están cumpliendo con una directriz del propio Departamento de Salud, dijo que “básicamente no había ningún tipo de protocolo” y que al presente está en conversaciones con los hospitales para ver cómo prospectivamente se pueden comenzar a tomar muestras confirmatorias a estos fallecidos.
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Esto pese a que el pasado 20 de marzo, el Departamento de Salud emitió un protocolo, firmado por la entonces secretaria interina de Salud, Dra. Concepción Quiñones de Longo, que ordena a las facilidades médico-hospitalarias tomar muestras nasofaríngea y orofaríngea a todos los pacientes sospechosos de COVID-19 que mueran en sus instalaciones. Según el documento, dichas muestras debían ser enviadas al Laboratorio del Departamento de Salud para procesamiento.
Jaime Plá, presidente de la Asociación de Hospitales, aseguró que los hospitales sí saben cómo manejar el asunto de las defunciones, pero alegó que no recuerda haber visto el protocolo de Salud para el COVID-19. Sostuvo que si un médico certifica que el difunto era un caso COVID-19 utilizando su criterio clínico, no hace falta hacer la prueba.
“Al certificar una razón de muerte, terminó el proceso de la sospecha”, alegó Plá.
El ejecutivo añadió que en muy pocos casos los médicos dejan vacío el encasillado de causa de muerte y que se “imagina” que en esos casos tendrían que hacer la prueba, pero no pudo precisar si las están haciendo.
“Si hay un caso donde el médico deja el acta de defunción vacía, me imagino que tienen que hacerla. Pero si el médico certifica lo que pasó, no hay una razón específica para hacerle una prueba”, sostuvo Plá.
Por otra parte, la toma de muestras de los pacientes sospechosos que mueran en el hogar corresponde al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) que sí las ha estado tomando e informando diariamente, según sostuvo la comisionada María Conte en entrevista con el CPI. Desde el 19 de marzo al martes 21 de abril la agencia había tomado 41 muestras a cadáveres, de las cuáles cuatro arrojaron positivos, 31 negativos y seis estaban a la espera de ser procesados por el Laboratorio de Salud que les está entregando los resultados en 24 a 48 horas. La funcionaria adelantó que el NCF ya emitió la orden de compra de materiales necesarios para poder adaptar su laboratorio de ADN y comenzar a procesar las pruebas en la agencia, lo que debería de ocurrir en las próximas tres a cuatro semanas.
Aún así, el NCF enfrenta el obstáculo de la confiabilidad de la prueba molecular cuando pasan más de dos horas entre el momento de la muerte y la toma de la muestra. El NCF ha tenido casos en que han pasado de dos a tres días antes de que le puedan tomar la muestra al cadáver. Aunque reconoció que el tiempo transcurrido en estos casos puede afectar la confiabilidad del resultado, Conte indicó que han tomado las muestras comoquiera y algunos de ellos han arrojado positivo.
“Una cosa es la teoría y otra la práctica”, puntualizó.
Asimismo, indicó que ha logrado validar la confiabilidad de los resultados que están obteniendo hasta el momento, al monitorear a los familiares de casos sospechosos que arrojaron negativo. Hasta ahora no han detectado ningún familiar que desarrolle los síntomas.
Conte sostuvo que el NCF maneja un segundo punto de control para asegurar que los casos de muertes por COVID-19 se contabilicen adecuadamente, y es la evaluación de todos los casos de fallecidos que soliciten permiso de cremación. Aunque el cuerpo no haya llegado al NCF, los patólogos del NCF evalúan el formulario del permiso de cremación y el certificado de defunción. Distinto a lo ocurrido en el huracán María, cuando la mayoría de las víctimas no fueron categorizadas adecuadamente, al momento la tendencia que están viendo es que los médicos sí están haciendo la anotación correspondiente a COVID-19.
También, a diferencia de la emergencia del huracán María en 2017, cuando el NCF no daba abasto para procesar los cadáveres y hacer autopsias, la agencia ha experimentado esta vez una baja significativa en casos, por el efecto que ha tenido la cuarentena en la reducción de crímenes violentos y accidentes, los dos principales segmentos que usualmente atiende la dependencia, sostuvo la Dra. Conte.
Pese a esto, se ha duplicado el número de cadáveres en espera a ser recogidos en las últimas semanas: usualmente son unos 20 y al momento hay entre 40 y 50. La situación responde a una combinación de factores provocados por la emergencia del COVID-19 en Puerto Rico, entre los cuáles destaca el miedo de los agentes fúnebres a manejar los cuerpos ante la posibilidad de contagio y el aumento en el volumen de trabajo en los crematorios, ya que apenas se están celebrando entierros.
La patóloga indicó que al conversar con los agentes funerarios no han podido identificar una sola causa común para el retraso, sino a la combinación de estos factores.
Agentes fúnebres entrevistados por el CPI confirmaron el temor al contagio que existe entre los trabajadores de esta industria y el incremento en las cremaciones, principalmente debido a un cambio en la predilección de los familiares de los difuntos por las complejidades causadas por la pandemia. El CPI no ha podido obtener datos que permitan determinar si la tendencia implica un aumento neto en muertes en la isla, o si se trata solo de un traslado del volumen de entierros a cremaciones.
Emmanuel Rodríguez, presidente de Celestium The Crematory en Carolina, el principal centro crematorio en Puerto Rico, dijo al CPI que el volumen de casos se le ha duplicado desde que inició la emergencia por COVID-19 y han tenido que agregar dos máquinas de cremación que usualmente tienen de resguardo, aparte de las dos que utilizan regularmente. La última vez que tuvieron que activar estas máquinas fue durante el huracán María, dijo.
Al examinar las actas de defunción, tanto él como otros funerarios han notado “bastantes” casos con problemas respiratorios, añadió Rodríguez.
Robert Molina, gerente general de la funeraria Ehret en San Juan, coincidió en cuanto a la tendencia de aumento en las cremaciones e indicó que el 52% de los casos que atendieron en marzo fueron cremaciones. Aunque los sepelios aún se pueden hacer, está prohibido reunir personas en las funerarias y hay gente que prefiere conservar la urna de las cenizas para hacer una ceremonia cuando pase la emergencia, indicó.
Sobre el miedo al contagio, Rodríguez sostuvo que manejan todos los casos como si fuesen positivos, hacen todos los trámites por Internet y por teléfono, y reciben a una sola persona para organizar el servicio, ya sea en una carpa o desde el carro. No obstante, ya tienen funerarias que no quieren buscar cadáveres y transportistas independientes que están cobrando hasta $1,000 cuando usualmente facturaban de $80 a $100, debido al riesgo que entienden que representa el traslado.
Hilton Lugo, presidente de la Federación de Transportistas y Funerarios, confirmó al CPI que algunos transportistas o agentes funerarios independientes han aumentado sus precios. En su caso, dijo que está cobrando $500 por transportar difuntos con COVID-19 dentro de su ruta de Ponce y Mayagüez. Si tiene que hacer algún transporte a San Juan, cobra $800.
“No es por el dinero, es porque es muy riesgoso para nosotros”, sostuvo Lugo.
Molina sostuvo que, aunque los funerarios están acostumbrados a lidiar con enfermedades contagiosas, el COVID es algo nuevo y aún desconocen el alcance del riesgo.
La Dra. Conte sostuvo que el riesgo de contagio con COVID es mayor cuando se entra en contacto con una persona viva que con un difunto, siempre que se adhieran estrictamente al protocolo de manejo de cadáveres, ya que el virus se transmite por las gotas y secreciones de personas vivas que los muertos no producen. Según indicó, han orientado a los agentes funerarios y a su personal sobre el equipo protector que deben vestir así como las bolsas especiales que deben de usar para los cuerpos. La política es tratar todos los casos como si fuesen positivos y, además, el NCF rotula las bolsas de los cuerpos con el estatus “positivo” o “sospechoso pendiente de prueba”, según corresponda, agregó.
Molina dijo que sí existe miedo entre los funerarios, ya que aunque el riesgo de contagiarse es menor que con personas vivas, no es “cero” porque siempre existe la posibilidad de que el cuerpo expulse gases y tejido.
De otra parte, ambos ejecutivos fúnebres expresaron inconformidad con la falta de información en torno al estatus COVID de los fallecidos. Según dijeron, no siempre se notifica puntualmente si son casos sospechosos y el resultado final de la prueba.
Según dijo Rodríguez, no se les está informando si la persona es positiva o sospechosa al virus, y terminan enterándose por los familiares o porque en la misma causa de muerte le ponen “sospechoso COVID”. Por ley, las cremaciones tienen que esperar 48 horas desde el fallecimiento, pero en los casos positivos o sospechosos, el Gobierno ha autorizado que se cremen antes. Sin embargo, debido a la falta de comunicación, están teniendo que esperar 48 horas. “Si a mí no se me informa que salió positivo, yo no puedo hacer la cremación”, señaló.
Las funerarias están preocupadas “porque la información, usualmente de Forense y la de Salud, dice que debemos tratar todos los casos como si fueran positivo, pero si están dando una dispensa de cremar el cuerpo inmediatamente, si es un positivo. ¿Cómo vamos a ver si lo podemos crear inmediatamente, si no nos informan que no dio positivo en los resultados? Tienen que dejarnos saber, no podemos enterarnos por la familia”.
Igualmente, Molina mencionó el caso de una persona que falleció en la sala de emergencias de un hospital y fue trasladado al NCF sin que se determinara la causa de muerte. Sostuvo que el cuerpo no fue identificado como sospechoso, lo enterraron y posteriormente supieron que había arrojado positivo a COVID-19.
El CPI también recibió denuncias del problema de comunicación a la inversa: familiares a los que no se le comunica el resultado de la prueba de su ser querido y se enteran de que el difunto dio positivo por los funerarios.
Conte sostuvo que corresponde al NCF informar los resultados de las pruebas de sus casos a los funerarios, pero que corresponde a Salud informar dichos resultados y los resultados de las demás pruebas que manejan – incluyendo las de los hospitales – a los familiares de los difuntos.
Esta precisamente es la base de la mentada estrategia de rastreo o contact tracing que Salud ha estado tratando de implementar para identificar las personas que potencialmente estuvieron expuestos a contagio con COVID-19 y a quiénes habría que hacerles pruebas, aislar y dar seguimiento. El martes, el secretario González dijo que ya el equipo que trabaja con el tema se había comunicado con el 84% de las personas que estuvieron en contacto con los 915 casos positivos únicos que había registrado la agencia. Tras un problema de casos duplicados y triplicados en los reportes de las pruebas COVID-19 y sus resultados, el Departamento de Salud ofreció el martes dicha cifra de positivos revisada y al miércoles era la última cifra depurada que existía. Eliván Martínez colaboró en esta historia
Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota en periodismoinvestigativo.com
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