Casi tres años de retraso continuo marcan la realidad de las comunidades escolares del sur

Regresar a los salones será más difícil para los estudiantes de los municipios incluidos en la declaración de desastre

Por Tatiana Díaz Ramos y Centro de Periodismo Investigativo

Durante la última década, Puerto Rico perdió sobre 684 escuelas públicas debido a la política de cierres impulsada por administraciones de ambos partidos políticos, o por desastres naturales como el huracán María. A estos cierres, cuyo repunte fue durante la incumbencia de la hoy acusada federal y exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia B. Keleher, se suma la pérdida de aquellas escuelas que no podrán volver a abrir debido a los daños causados por los terremotos en el sur ocurridos a principios de 2020.

Aunque el Gobierno ordenó un toque de queda para afrontar la pandemia del coronavirus que ya se extiende hasta principios de mayo, regresar a los salones será más difícil para los estudiantes de los municipios incluidos en la declaración de desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) tras los sismos.

Dentro de los 32 municipios bajo la declaración de desastre por terremotos, 14 pueden recibir asistencia pública de FEMA, por lo que el DE podrá solicitar fondos para reparar o reconstruir escuelas.

Aunque se limitaron a “una inspección ocular” para identificar “daños significativos causados por los eventos sísmicos registrados hasta la fecha”, los ingenieros contratados por tres agencias concluyeron que 30 de 157 escuelas evaluadas en estos 14 pueblos no están aptas para reabrir porque “evidencian daños estructurales severos”. Además, clasificaron 56 de esos 157 planteles con el código amarillo porque “observaron algunos daños estructurales que requieren atención”, por lo que solo pueden usarse parte de sus estructuras. Ante las circunstancias de aislamiento que observa la población, resulta incierto cuándo se puedan reparar o reforzar alguna de esas escuelas.

Los municipios de Guánica, Peñuelas, Sabana Grande, Guayanilla y Yauco prácticamente quedaron sin ningún centro educativo para sus 13,612 estudiantes (matriculados hasta mayo de 2019). La política de cerrar escuelas ha significado durante la última década, por ejemplo, la eliminación de 36 de 72 planteles que había en estos cinco pueblos, a los que ahora se restan 22 calificados no aptos a causa de los terremotos.

Solo uno de siete planteles de Guánica quedó parcialmente apto para abrir. Se trata de la escuela María McDougall, ubicada en el casco urbano, que solo podría albergar estudiantes en uno de sus tres edificios. Peñuelas, con la misma cantidad de escuelas, perdió tres y otras cuatro pueden abrir parcialmente, de las cuales dos presentan el defecto de la columna corta. Sabana Grande, con solo cuatro escuelas, debe dejar dos cerradas y las restantes necesitarán reparaciones antes de recibir estudiantes. Guayanilla, con solo seis escuelas, no podrán reabrir cuatro y otra solo abrirá parcialmente. En cambio, Yauco perdió siete escuelas al tiempo que otras siete solo pueden abrir parcialmente, y la única clasificada apta para abrir tiene columna corta.

La columna corta es un tipo de pared de soporte sin flexibilidad que podría provocar el colapso de la estructura como consecuencia de un movimiento sísmico.

Regresar a clases bajo carpas en espacios abiertos apenas duró unos días, porque poco después se ordenó el distanciamiento físico mediante el toque de queda. Tal fue el caso para algunos estudiantes de la única escuela declarada apta para comenzar el semestre en Guayanilla, la Gloria M. Borrero.

Según contó la maestra de matemática de nivel intermedio, Amarilis Nazario, estuvo una semana a las afueras del plantel bajo una carpa atendiendo alumnos mientras aguardaban por otras inspecciones a la escuela tras las réplicas. Explicó que la facultad, junto al director, planificaron atender estudiantes por grado ya que las carpas disponibles no daban abasto para la matrícula de más de 700 estudiantes de la escuela ubicada en el barrio Macaná.

En conversación con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Nazario admitió: “no estoy preparada para volver a una carpa” tras el COVID-19, al tiempo que advirtió que recibir estudiantes de las otras cuatro escuelas del municipio sería un potencial foco de contagios.

En otros casos, como el de la escuela superior Lola Rodríguez de Tió en San Germán, el segundo semestre nunca comenzó tras ser calificada parcialmente apta porque tres de sus 40 salones se afectaron con los temblores. Aunque a principios de febrero el DE aseguró que levantarían carpas en el campo de fútbol de la escuela para comenzar clases esto nunca ocurrió, confirmó el maestro de matemáticas, Ángel Nazario.

En el caso de Ponce, los estudiantes de 11 escuelas pudieron tomar clases por casi un mes entre el Complejo Ferial y un local del Centro del Sur Shopping Center luego que el DE destinara $2,102,434 del fondo de emergencia para terremotos aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) para los contratos de arrendamiento de Ponce con las empresas Prime Property Management Group e Intertrade Development Group.

La Junta aprobó el 7 de enero $260 millones para atender las necesidades por los terremotos, de los que al 3 de marzo se habían gastado $103 millones según su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

El Departamento de Educación no contestó al CPI si los contratos de arrendamiento de Ponce serán cancelados tomando en cuenta el aislamiento ordenado hasta al menos el 1 de mayo. Tampoco ha respondido cuál es el plan para los estudiantes del sur que se quedaron sin escuelas cuando se retomen las clases presenciales.

Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota en periodismoinvestigativo.com

 

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