“A mí me presentaron un millón de pruebas, a $38, de las buenas y (que llegan) en cinco días. Dele pa’lante”.
Así describió, en más de cinco ocasiones, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini su reacción cuando Adil Rosa, entonces supervisora de compras del Departamento de Salud, le presentó a varios miembros del ‘task force’ la propuesta de Apex General Contractors para suplir al gobierno con pruebas rápidas para detectar el Covid-19.
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Declarando ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Rodríguez Quilichini, quien es el coordinador del ‘task force’, insistió que, contrario a lo que ha testificado Rosa, no “ordenó” la compra de ‘rapid test kits’ a esta compañía de construcción que nunca pudo traer una sola de las pruebas que había prometido.
Cuando el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, le recordó que Juan Maldonado, abogado de Apex, le había escrito un mensaje de texto el 22 de marzo en el que presentaba un catálogo de productos que la empresa podía suplir, Rodríguez Quilichini replicó que se limitó a remitir el mensaje a Mabel Cabeza porque era la ‘chief of staff’ en el Departamento de Salud.
Sin embargo, según la evidencia que presentó Morales, desde el 18 de marzo Cabeza había sido enviada a La Fortaleza en destaque por la entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo.
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Según ha informado La Fortaleza, Cabeza se desempeñó, hasta su despido el 30 de marzo, como “enlace”, con el ‘task force’.
Rodríguez Quilichini, no obstante, insistió que Cabeza estaba encargada, junto a Rosa y Mariel Rivera Rivera, otra empleada de Salud, de dirigir el proceso de compras durante la pandemia del Covid-19.
Morales hizo alusión a una carta del pasado 16 de abril en la que Rodríguez Quilichini afirma que Quiñones de Longo “estuvo al tanto de todos estos esfuerzos”, en referencia a las compras de productos para combatir el coronavirus, incluyendo la fracasada compra a Apex.
Quiñones de Longo renunció en la mañana del 26 de marzo, mismo día en que –en horas de la tarde– se completó el trámite burocrático del negocio con la empresa de construcción.
Rodríguez Quilichini, ante la insistencia de Morales, intentó argumentar que en su carta no quiso decir que Quiñones de Longo autorizó la transacción con Apex, sino que había estado al tanto de las negociaciones que existían para adquirir una cantidad masiva de pruebas rápidas de Covid-19.
La declaración contradice lo que testificó la pasada semana Rosa, quien aseguró que el proceso de licitación que derivó en la orden de compra a Apex se realizó a espaldas de Quiñones de Longo.
En la vista de la Comisión cameral de Salud se presentaron unos mensajes de texto en los que el doctor Juan Salgado, también integrante del ‘task force’, le recuerda a Rosa que cualquier compra debía estar autorizada por Rodríguez Quilichini o Quiñones de Longo.
“Yo creo que en ese momento Salgado no estaba consciente de lo que decía”, expresó Rodríguez Quilichini al preguntársele si Salgado había mentido en ese mensaje.
Rodríguez Quilichini, asimismo, negó que hubiera recibido el 24 de marzo la propuesta inicial de Apex, pese a que Morales aseguró tener evidencia de que sí había sido copiado en uno de los correos sometidos por la compañía. También negó que tuviera conocimiento de una oferta de la empresa Globex para suplir 500,000 pruebas rápidas en 10 días, a un costo de $10 por unidad, o $28 menos de la propuesta de Apex.
El médico, quien además es rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, insistió que el rol del ‘task force’ se había limitado a lo dispuesto en una orden ejecutiva del 23 de marzo, donde se definen sus funciones como cuerpo asesor de la gobernadora y el Departamento de Salud.
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