A más de un mes de la implantación del toque de queda y cierre económico como medida para controlar la propagación del contagio por COVID-19, la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) y ante las presiones ejercidas por diversos grupos del sector privado para una eventual “normalización” económica del país, alerta sobre el peligro de reabrir el comercio y la actividad industrial a principios del mes de mayo.
El presidente de la Junta de la AEPR, Heriberto Martínez Otero, recomendó que: “se adopten una serie de criterios antes de reabrir la actividad económica. En primer lugar, la salud y el bienestar de los ciudadanos debe ser la prioridad principal en cualquier plan estratégico del Estado para atemperar la crisis del COVID19. Sin salud, no se puede acudir a los centros de trabajo, ni asistir a las escuelas, ni realizar actividades de consumo. Por tanto, es importante mantener la cuarentena hasta que bajen de forma definitiva los contagios y las muertes por causa del virus. No obstante, para que los ciudadanos puedan mantener el aislamiento social y lograr controlar la epidemia, deben garantizarse las condiciones materiales y salubristas que les permitan quedarse en sus casas durante el tiempo necesario para proteger su salud y satisfacer sus necesidades básicas. Para lograrlo, debemos emular otros países que, aunque más desarrollados económicamente que Puerto Rico, han aprobado políticas públicas encaminadas a asegurar los ingresos monetarios básicos para garantizar la seguridad alimentaria por varios meses. Además de activar a empleados públicos que actualmente están en sus hogares hacia el procesamiento de reclamaciones de los pagos por Seguro de Desempleo y lograr un trámite eficiente de dichos pagos deben acelerarse los trámites del subsidio federal a todo beneficiario del Seguro Social”.
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Este añadió que: ” Coincidimos en que el Sistema Público de Salud en Puerto Rico es y ha sido ineficiente desde que se aprobó la Reforma de Salud en los noventa. No es la primera vez que las estadísticas de salud están atrasadas y son deficientes. Al presente, las estadísticas sobre mortalidad y sus causales a nivel estatal y municipal datan del 2016. No es de sorprendernos entonces, que tanto como pasó después del huracán María, las estadísticas de las personas contagiadas con el COVID-19 estén mal contabilizadas y que permee la imprecisión y falta de transparencia en los datos que se informan al público. Esto lleva a la desconfianza de los ciudadanos y empresarios sobre la Administración Pública. El Sistema Público de Salud debe ser transformado de uno reactivo a uno preventivo, por lo que recomendamos se establezca un mecanismo que permita la visita a todos los hogares y establecimientos para realizar de forma abarcadora las pruebas del Coronavirus, aislar las personas que arrojen resultados positivos y rastrear sus contactos. Para lograrlo, deben cumplirse con cinco factores: voluntad política, capacidad organizacional, pruebas, personal y recursos económicos. Además, la Junta de Control Fiscal ha reiterado que el gobierno no ha utilizado todos los fondos asignados para combatir la crisis del COVID-19. Por lo que recomendamos utilizar dichos fondos, así como las reservas del pago de la deuda pública para ayudar a las personas y a las PYMES, y para comprar equipo de salud y otros suministros médicos. Otros países más pobres, como la República Dominicana, han podido adquirir un mayor número de pruebas que las que han sido adquiridas en Puerto Rico. Con respecto al personal, se habilitó la Ley sobre del Empleador Único que le permite a personal de la salud que no está destacado actualmente en hospitales hacer las visitas y administrar las pruebas”.
La Junta reconoció que no se puede analizar la epidemia como si los recursos económicos tanto del Estado como de los individuos y empresas fuesen infinitos y equitativos entre agentes. Tampoco, se puede reabrir la economía sin pensar en el costo humano.
” No obstante, la gobernadora Wanda Vázquez ya anunció que a principios de mayo se liberarán varias actividades productivas. Dicha acción puede provocar un repunte en los contagios en el País y tener que volver al cierre total de la economía por un tiempo más extenso como ya ha sucedido en China, Singapur y Corea del Sur; entre otros. Tanto en el corto como en el largo plazo, el resultado podría agravar más aún la reducción en el Producto Nacional Bruto Real de Puerto Rico, el cual ha acumulado una reducción de 19% entre el 2007 al 2017. Si, a pesar de los factores adversos señalados, el gobierno reabre la economía, sólo la producción considerada esencial deberá permitirse a la vez que exigir a los patronos que tomen medidas para proteger la vida de los trabajadores, incluyendo: proveer equipo de seguridad y protección en el trabajo, aportación para un seguro médico, licencia de enfermedad, y salarios cónsonos con el costo de vida. Dichas medidas deben ser para todo el personal sin importar su situación contractual y jornada laboral. Si las personas deben exponer sus vidas para salir a trabajar, entonces deben tener las protecciones adecuadas. De lo contrario, no deben regresar al trabajo”.
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Asimismo, mostraron preocupación por la falta de una estrategia regional para enfrentar la pandemia del coronavirus.
” Se recomienda una mayor comunicación y coordinación entre el gobierno de Puerto Rico y los de Texas, Florida, New York, y New Jersey; de donde procede el mayor flujo de vuelos y pasajeros desde Estados Unidos. Así también, debe estrecharse la comunicación con los gobiernos de la región del Caribe para intercambiar visiones y estrategias de cómo enfrentar la pandemia en un espacio geográfico similar” .
” Es apremiante que estas determinaciones se tomen a base de datos confiables, y criterios científicos, así como la efectiva utilización de fondos públicos; siempre en beneficio de la ciudadanía y bienestar social, en general. La AEPR entiende que aún no existen las condiciones, ni de seguridad sanitaria ni de mercado, para reabrir la actividad económica”.
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