Ordenan estudio legal para crear legislación ante decisión del Tribunal Supremo

Ante la histórica decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto a la inconstitucionalidad de los veredictos por jurados que no son unánimes, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, ordenó hoy, lunes, un abarcador estudio legal sobre las consecuencias del caso para poder evaluar las medidas legislativas necesarias para garantizar los derechos de los acusados y a la vez la seguridad de la ciudadanía.

“No cabe la menor duda que esta decisión del más alto foro judicial de nuestra nación tendrá grandes repercusiones en Puerto Rico. Por tal razón, esta Cámara de Representantes ha iniciado un proceso de evaluación detallado del caso y su conclusión para delinear las medidas legislativas necesarias con el propósito de armonizar el sistema jurídico estatal con el de la nación, velando por el derecho de los acusados, mientras que al mismo tiempo se salvaguarda la seguridad del pueblo. Esta histórica decisión cambia el proceder jurídico en Puerto Rico y tenemos que estar seguros de los próximos pasos”, señaló el líder legislativo mediante un comunicado de prensa.

El Presidente Cameral indicó, además, que “es imperativo estudiar la posibilidad de que este precedente jurídico sea aplicable a todos los veredictos de culpabilidad que se han tomado por jurados en la Isla través de toda nuestra historia constitucional para determinar el alcance del mismo, cómo se procederá a implementar el nuevo estatuto y la legislación necesaria para ello, entre otros asuntos”.

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Según explicó Méndez Núñez, el estudio va dirigido a considerar la radicación de una Resolución Concurrente para proponer al Pueblo de Puerto Rico una enmienda a la Constitución, a la Sección 11, del Artículo II para que se considere esta jurisprudencia y se requiera unanimidad en los veredictos de un jurado para casos criminales.

“No podemos olvidar que en un caso criminal se antepone el derecho fundamental de la libertad, a las consecuencias de acciones penales, que son una afrenta a toda la sociedad. En ese sentido, un acusado se enfrenta a una decisión de culpabilidad, que impone a nombre del ‘Pueblo de Puerto Rico’ un jurado, en donde se expone a severas penas y sanciones. Por lo tanto, estamos ante la consideración de un tema que va a la raíz de nuestro contrato social que se encuentra en nuestra Constitución y por lo tanto requiere el más detallado y sosegado análisis legal y jurisprudencial”, culminó diciendo el Presidente de la Cámara.

En la determinación de hoy sobre el caso proveniente del estado de Luisiana (argumentado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos el 7 de octubre de 2019) se cuestiona un veredicto de culpabilidad en un caso criminal: que condenó al acusado a una cadena perpetua por mayoría 10-2.

En 48 estados de la Unión, así como en toda la jurisdicción federal (por disposición de la Sexta Enmienda de la Constitución Federal) un veredicto de un caso criminal tiene que ser por unanimidad del jurado que ve la prueba del caso.

Caso resuelve que las disposiciones de Luisiana, similares a las de Puerto Rico, que permiten un veredicto de culpabilidad por mayoría, son inconstitucionales a la luz de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.