Abogados se lanzan hacia los tribunales en Puerto Rico para alegar que sus clientes están detenidos ilegalmente luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallara el lunes que los veredictos del jurado deben ser unánimes para condenas en juicios penales.
El fallo no menciona directamente a Puerto Rico, pero los abogados defensores aprovechan la oportunidad en una medida que según los expertos podría abarcar el Tribunal Supremo de la isla.
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“Es un cambio histórico”, aseveró Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico en una entrevista telefónica. “Va a tener consecuencias en miles de casos”.
Se espera que el fallo también reviva un debate que lleva décadas sobre el estatus territorial de Puerto Rico –que define las políticas en la isla– y cómo las leyes y decisiones federales se aplican en el territorio.
Wanda Valentín, presidenta de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, dijo que la decisión tendrá que ser analizada a profundidad, pero señaló que se puede plantear el sólido argumento de que aplica a Puerto Rico.
“Hay abogados ya corriendo al tribunal”, indicó.
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Kelvin Carrasco, vocero del Departamento de Justicia de Puerto Rico, señaló que de momento no había comentario sobre el fallo del Tribunal Supremo.
La Constitución de Puerto Rico permite que veredictos no unánimes para casos penales con una mayoría de al menos nueve miembros del jurado.
Las preocupaciones sobre la manera en que el caso del Supremo afectaría a Puerto Rico de antemano han surgido durante argumentos orales a finales del año pasado, cuando el juez Stephen Breyer lo calificó de un “caso complicado”.
La “pregunta del estatus” podría surgir, dijo. “Puerto Rico me preocupa”.
El juez Samuel Alito también mencionó el tema. Se preguntó si los criminales condenados de Puerto Rico, como ciudadanos estadounidenses, intentarían “dejar de lado” los casos de principios de la década de 1900 que definieron la relación del gobierno de Estados Unidos con sus territorios al argumentar que aquellos casos con el tiempo los llevaron a ser condenados con veredictos no unánimes.
La decisión del Tribunal Supremo afecta sólo a dos estados de Estados Unidos: Luisiana y Oregon, que han permitido condenas no unánimes para ciertos delitos.
