La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, vetó hoy una medida que haría que la Universidad de Puerto Rico (UPR) mantuviese tal y como está el Sistema de Retiro de los empleados de la institución.
La Resolución Conjunta #655 fue aprobada por la legislatura.
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En ella la legislatura ordena a la Junta de Gobierno de la PR a “mantener el Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente, incluyendo detener cualquier intención de aumentar la edad para jubilación de los servidores públicos del sistema de la universidad y detener cualquier intención de congelar las aportaciones de los empleados al Fideicomiso de Retiro de la UPR”.
Según la primera ejecutiva, su veto se debe a varias razones. La primera de estas radica en la autonomía universitaria.
“En el año 1966, se aprobó Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, para constituir a la UPR como una corporación pública del Gobierno de Puerto Rico. Por virtud del Artículo 3 de dicha ley, la UPR debe de “mantener…. un sistema de pensiones para todo el personas universitario, el cual incluirá un plan de préstamos”. Del mismo modo, tiene la facultad de [a]probar o enmendar…. el Reglamento del Sistema de Retiro… “, lee parte de la carta que fue cursada al presidente del Senado.
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“Dicha Ley Núm 1, supra, no requiere un plan de pensiones bajo un modelo específico. En ese sentido, y al amparo de la autonomía que ha gozado la UPR, la Asamblea Legislativa ha reconocido amplia discreción de la Junta de Gobierno en ese aspecto”, argumentó la mandataria.
Por otro lado, la gobernadora sostuvo que la Universidad actualmente enfrenta incertidumbres monetarias debido a los recortes. Bajo el presupuesto para el año fiscal 2019-2020, la asignación del Fondo General a la UPR disminuiría en más de $332,827,000.
Esto, según expresó la gobernadora, obliga a la institución a realizar ajustes a todos los niveles.
“El modelo bajo el cual opera el sistema de pensiones de la UPR no es la excepción y su transformación no puede ser vista de manera aislada, o en un vacío”, sentenció Vázquez Garced.
La gobernadora culminó avalando las medidas tomadas por la Junta de Gobierno de la UPR, lo que rechazaba la Resolución Conjunta. Entre las medidas están la congelación del plan de beneficios definidos, aumentar la edad de retiro a los 65 años, y establecer un plan de contribuciones definidas que sería pareado competitivamente por la UPR.
“A la luz de todo lo antes expuesto, no cabe duda de que el Plan Fiscal certificado requiere que se tomen acciones afirmativas ante el panorama espinoso en que se encuentra actualmente el sistema de pensiones de la UPR. Además, en virtud del principio rector de respetar la autonomía universitaria, entendemos que se debe permitir a la Junta de Gobierno de la UPR tomar aquellas medidas que entienda necesarias para permitir que los recursos humanos de la institución disfruten de un sistema de pensiones robusto y seguro”, finalizó Vázquez Garced.
