Polémica oferta de inmunidad en la Cámara

Representantes de minoría y miembros de la comunidad legal cuestionan las razones para dar dos días a una testigo para considerar una posible solicitud de inmunidad

Por Manuel Guillama

La decisión de la mayoría novoprogresista de la Comisión cameral de Salud de poner sobre la mesa una oferta de inmunidad a Adil Rosa Rivera, la exempleada del Departamento de Salud que supervisaba el área de compras en la agencia, levantó la oposición de las minorías legislativas, que consideraron un error estratégico y procesal la forma en que culminó la vista pública del martes.
Para el portavoz cameral del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael Hernández, concederle inmunidad a Rosa Rivera, quien es la funcionaria de más alto rango involucrada hasta el momento en la pesquisa legislativa, no tiene sentido en esta etapa del proceso.
“Adil Rosa, a través de todos los testimonios y la evidencia que ha ventilado la Comisión, es la persona responsable de (las compras de) pruebas y ventiladores. No es un testigo más. Es la persona que ha sido acusada por todos los testigos anteriores de ser la culpable. El interrogatorio no es para que testifique, es para que se pueda probar lo que han ventilado otras personas y el propio interrogatorio justifique que hay causa para los delitos que se han señalado. Por eso el planteamiento (de inmunidad) es prematuro”, argumentó Hernández.
La oferta de inmunidad a Rosa Rivera, que antes de concederse formalmente tendría que ser solicitada por la testigo y avalada por el pleno de la Cámara de Representantes, se produjo a instancias del legislador del Partido Nuevo Progresista José Aponte.
“Las contradicciones (en el testimonio de Rosa Rivera) eran muchas. Yo tenía información documental y la confrontamos con esa información. No es hasta que llega lo de las cotizaciones, que fueron presentadas posterior a la adjudicación que el compañero Aponte le llama la atención y hace ese planteamiento (de inmunidad) ante la posibilidad de que ella pudiera tener información y no nos estuviera diciendo la verdad”, expresó el representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud, aludiendo a las cotizaciones de pruebas rápidas de Covid-19 que presentaron Globex Intertrade y Apex General Consulting, empresa a la que se le otorgó el contrato para suplir un millón de ‘kits’ por $38 millones.
“La decisión que tome la Cámara no es en función de lo que a (Rosa Rivera) le conviene ni para escucharla. Tiene que haber un alto interés público de la Cámara… de que una persona que ha cometido delito, que tuvo una conducta negligente, no la voy a referir o procesar porque hay un alto interés público de procesar otras personas y obtener una información fundamental. Esto tiene que ser un análisis riguroso si al fin y al cabo le vamos a dar inmunidad a la persona de mayor jerarquía vinculada con esto”, sostuvo, por su parte, el representante independentista Denis Márquez.
Según Hernández, lo único que justificaría la concesión de inmunidad a la testigo sería que implicara a personal de La Fortaleza en el esquema para comprar productos a sobreprecio y atentar contra las facultades ministeriales de Concepción Quiñones de Longo, secretaria interina de Salud hasta el 26 de marzo, día en que se concretó la compra a Apex.
“En el Departamento de Salud no hay nadie más porque la secretaria interina renunció. Habría que ir a Fortaleza. Con evidencia admisible puede vincular a Mabel Cabeza, o a Marisol Blasco, que se evidenció que llamaba (a interferir con las funciones de Salud). Puede traer evidencia de que la persona que autorizaba estas transacciones era el secretario (de la Gobernación) Antonio Pabón, que también se desprende llamó a decir que Mabel era indispensable. Y también puede traer evidencia que demuestre que este esquema estaba coordinado desde La Fortaleza y que era la gobernadora Wanda Vázquez la que está detrás de esto”, enumeró Hernández.
Para el ex fiscal especial independiente Ernie Cabán, la oferta de la Comisión de Salud fue “irregular”, pues no respondió a una petición de Rosa Rivera o su representación legal, opinión con la que coincidió por separado el exsecretario de Justicia Antonio Sagardía.
Al concederle a Rosa Rivera hasta hoy para hacer una petición de inmunidad “permite a la testigo recapitular, aclarar asuntos, cuadrar testimonio, así que entiendo que fue perjudicial para la investigación y no va a lograr ningún tipo de propósito”, manifestó Cabán.
De optar por solicitar la inmunidad en la vista ejecutiva de hoy, pautada para las 10:00 a.m., Rosa Rivera debería que presentar la evidencia que, además de inculparla individualmente, implique a otras personas de interés en los actos potencialmente delictivos.
Si la Comisión de Salud entiende pertinente la información que brindaría Rosa Rivera bajo inmunidad, podría hacerle la recomendación al pleno de la Cámara, que tendría la última palabra.

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