Diversas organizaciones que ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva en Puerto Rico se aliaron el jueves, como integrantes de la Mesa Social, para exigir una respuesta al COVID-19 con perspectiva de género que incluya los derechos sexuales y reproductivos.
“Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, y en estos momentos de pandemia donde las poblaciones vulnerables son afectadas de manera desproporcional, es más urgente que los derechos no queden en meramente en la esfera de su reconocimiento sino que tiene que habilitarse el acceso a los mismos para poder garantizarlos”, dijo Frances Collazo, una de las portavoces de la Mesa Social en comunicación escrita.
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Como parte de la alianza, la Mesa Social envió una carta dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al Secretario de Salud Lorenzo González Feliciano con una lista de asuntos que ameritan la atención inmediata del gobierno para poder asegurar el derecho al acceso a salud sexual y reproductiva de todes.
A medida que continúan las medidas de aislamiento y encierro por la pandemia COVID-19 va en aumento la violencia de género y sexual. Esto conlleva importantes repercusiones que afectan, transversalmente, todos los derechos sexuales y reproductivos — mayores embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, entre otras.
Al 13 de abril de 2020, se reportaron más de 500 casos de violencia doméstica desde que inició el toque de queda.Por consiguiente, es necesario el desarrollo de un protocolo gubernamental integral —de esfuerzos coordinados y con recursos asignados— para atender los casos de violencia de género.
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En el caso de las personas gestantes, se ven impedidas de su acceso a un proceso de parto digno bajo la respuesta del sistema de salud ante la pandemia del COVID-19. Tenemos la necesidad de un protocolo uniforme en los hospitales basado en las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro de Control de Infecciones (CDC por sus siglas en inglés) para atender las personas gestantes en los hospitales del país. Los derechos a estar acompañada, a tener contacto inmediato con el bebé al nacer, la decisión de lactar, y el alojamiento en conjunto, así como ser tratada con respeto y el derecho a ser orientada, informada y consentir sobre cualquier intervención, son algunos de los derechos adquiridos en leyes de Puerto Rico y que tienen que garantizarse.
En cuanto al acceso a métodos anticonceptivos, éste se ha visto obstaculizado durante la pandemia. Es preciso asegurar que la cadena de suministros de medicamentos y métodos anticonceptivos les llegue con prioridad a los centros como a los hospitales. Por otro lado, se ha estado restringiendo la oferta de estos en muchas farmacias, así como los productos de higiene femenina, durante el cierre ordenado por el gobierno al no calificarse como productos de salud esencial. Se exige que estén accesibles en todas las farmacias, gasolineras y centros de salud sexual y reproductiva.
Por otra parte, los tratamientos médicos específicos para personas trans —como lo son las cirugías de reafirmación, hormonización, seguimiento post-operatorio, entre otras— se han visto obstaculizados. Estos son cuidados esenciales durante la transición y su interrupción puede tener consecuencias graves en la salud integral de estas personas. Es preciso garantizar su atención como servicio de salud. Además, el acceso a planes médicos, en especial, al gubernamental ha creado obstáculos para el tratamiento de personas que viven con VIH. Se exige mayor agilidad y atención en los planes médicos gubernamentales para que esta población pueda tener acceso a sus medicamentos.
Por estas y muchas otras razones elaboradas en la carta enviada hoy, la Mesa Social exige que los servicios de salud sexual y reproductiva sean considerados como servicios de salud esencial bajo la pandemia COVID-19.
La Mesa Social la conforman un grupo de organizaciones y personas comprometidas con la salud integral y los derechos humanos de Puerto Rico de una multiplicidad de áreas del saber para exigir y proponer una respuesta a la pandemia del COVID-19 que tenga como norte la justicia social, la equidad y los derechos humanos.
