La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, exigió al gobierno la información sobre el intento de compra de las pruebas rápidas de COVID-19 por $38 millones, a la vez que recordó que el ente puede recurrir al tribunal.
En una carta enviada al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia fiscal (AAFAF), Omar Marrero, Jaresko mencionó que los requerimientos de información que ha hecho durante días no se han cumplido.
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“Le escribimos el 6 de abril, el 9 de abril y el 12 de abril de 2020, y aparte de la documentación relacionada con el contrato de Apex y la cancelación y reembolso de los montos correspondientes, no se ha recibido la información adicional solicitada sobre autorizaciones y aprobaciones dentro de el proceso de adquisición y toma de decisiones”, expuso Jaresko.
Pide órdenes de compra y contratos
La directora de la Junta pidió cualquier contrato, incluidos, entre otros, órdenes de compra, que no se hayan presentado a la JCF. “Por ejemplo, no hemos recibido copias de la documentación relacionada con las compras de 313 LLC, otra entidad que, según los informes, ha sido contratada por el Gobierno para la compra de suministros médicos”, puntualizó.
De igual forma, Jaresko expuso que “le instamos a proporcionar la información solicitada de manera voluntaria a más tardar el 20 de abril de 2020 para evitar procesos judiciales innecesarios y costosos”.
Tras el escándalo por la compra de pruebas de coronavirus, la Junta mencionó que el Gobierno no le consultó la transacción. Además, el ente creado por la Ley Promesa exigió todas las comunicaciones sobre ese trámite.
“Los procesos por los cuales fueron adquiridos no parecen ser consistentes con los controles internos, la eficiencia y la responsabilidad fiscal”, mencionó Jaresko la semana pasada.
