En medio de las revelaciones que han trascendido en las vistas de la Comisión cameral de Salud, la gobernadora Wanda Vázquez optó por restar credibilidad al proceso legislativo y pareció colocar sobre los hombros de Juan Maldonado, representante legal de Apex General Contractors, toda la responsabilidad por la transacción fallida de un millón de pruebas rápidas diagnósticas de coronavirus a un costo de $38 millones.
Vázquez, atendiendo a la prensa por primera vez desde el 8 de abril, lanzó cuestionamientos hacia los testimonios presentados en el cuerpo legislativo, cuyas vistas son presididas por el representante Juan Oscar Morales.
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En particular, la mandataria apuntó a la oferta de inmunidad que presentó la Comisión de Salud a Adil Rosa Rivera ex secretaria auxiliar del Departamento de Salud, y quien supervisaba el área de compras de la agencia cuando se le concedió el contrato de pruebas rápidas a Apex. En la mañana de hoy, en una vista ejecutiva, Rosa Rivera rechazó la oferta de inmunidad, que de solicitarla habría implicado que se tendría que autoincriminar en su testimonio.
Según Vázquez, el que la mayoría novoprogresista de la Comisión de Salud presentara una oferta de inmunidad sin que la testigo invocara su derecho a no autoincriminarse es evidencia de las “irregularidades” del proceso investigativo.
Rosa Rivera, el martes, fue la funcionaria que apuntó a miembros del ‘task force’ médico, específicamente al coordinador Segundo Rodríguez Quilichini y el ginecólogo Juan Salgado, como las personas que dieron el visto bueno para que el Departamento de Salud procediera con la compra a Apex el 26 de marzo.
En esas vistas, igualmente, las empleadas del Departamento de Salud Graciela Malavé y Mariel Rivera Rivera testificaron que había sido la propia Rosa Rivera y no la entonces secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo, quien había ordenado dar curso a la transacción con Apex.
Sin embargo, en la rueda de prensa, la gobernadora aseguró que tiene información de que todas las transacciones de emergencia que se generaron en Salud hasta esa fecha fueron autorizadas por Quiñones de Longo. Quiñones de Longo renunció el mismo 26 de marzo tras denunciar que desde La Fortaleza estaban interviniendo indebidamente con sus funciones.
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Al momento de publicación, La Fortaleza, no había suministrado la presunta evidencia a la que aludió la mandataria.
No obstante, la gobernadora resaltó que, de ahora en adelante, las compras relacionadas a la emergencia se tendrán que hacer “por competencia”.
Vázquez se hizo eco de su director de campaña al atribuir las indagaciones que realiza la Cámara de Representantes a las riñas internas del Partido Nuevo Progresista, dado que la mayoría de los representantes de la colectividad , incluyendo a Morales, se han identificado con la candidatura de Pedro Pierluisi, rival primarista de la gobernadora.
“¿Quiénes son las personas que están haciendo esta vista? Ustedes probablemente han visto en las redes sociales unas fotografías de ‘fundraising’ del otro candidato y quiénes están en esas fotos: el licenciado Juan Maldonado. ¿Quién asesora a todos esos representantes que están allí? Edwin Mundo. ¿Allí (en las fotos) está Wanda Vázquez? Allí no está Wanda Vázquez, están las personas del otro candidato, que hoy simplemente se han aprovechado de una necesidad del pueblo en una emergencia para crear esta situación y va dirigida a eso. Si eso es lo que ellos pretenden están equivocados”, dijo Vázquez.
La primera ejecutiva igualmente se refirió a la carta que envió hoy Rodríguez Quilichini al presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, en la que niega haber intervenido indebidamente en la compra a Apex y recalca que el rol del ‘task force’ es de asesoría. Además, Rodríguez Quilichini subraya que múltiples personas, incluyendo a Morales y el senador penepé Ángel “Chayanne” Martínez, le han referido a compañías que ofrecen productos de salud.
“Yo creo que es importante que se le dé la oportunidad al doctor Segundo Rodríguez de que se pueda expresar porque obviamente lo que hemos escuchado es argumentaciones de una sola parte. A mí no me corresponde adjudicar, sino al pueblo de Puerto Rico (y) deben escucharlo a él también”, subrayó Vázquez.
La gobernadora volvió a justificar la decisión de adjudicar la transacción con Apex al recalcar que era necesario obtener una cantidad masiva de ‘rapid test kits’ en el menor tiempo posible, al parecer obviando que tras cancelarse la orden el gobierno no ha generado nuevas órdenes de compra ni solicitado cotizaciones de estos productos.
Apex se había comprometido a entregar el millón de pruebas en cinco días, mientras que en las vistas camerales trascendió que la empresa Globex Intertrade había ofrecido 500,000 ‘kits’ que llegarían en 10 días por un monto ascendente a $5 millones.
“Una vida se puede perder en un día y para mí la vida de un puertorriqueño vale más de un millón de pesos y yo no podía escatimar si me hubiese tocado a mí”, sostuvo, poco antes de destacar que a través de toda la isla las pruebas están disponibles para quienes la requieran.
Vázquez dijo que ordenó al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, a cancelar todos los contratos que tengan con el gobierno Apex y cualquier empresa vinculada a Maldonado, un exsubsecretario de Transportación y Obras Públicas y hasta enero de 2019 director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo.
También informó que había ordenado cancelar los contratos de Eduardo “Tito” Laureano con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, cuyo rector es precisamente Rodríguez Quilichini. Laureano fue quien refirió a Maldonado a Rodríguez Quilichini para que presentara un catálogo de productos que Apex supuestamente podía suplir.
“Es inaceptable el que haya tratado de tomar ventaja de una situación de crisis del gobierno y de gran necesidad y ansiedad para funcionarios que buscamos el bienestar de este pueblo”, planteó la gobernadora sin precisar a qué funcionarios achaca la responsabilidad de haber permitido que el gobierno contratara con un empresa sin credenciales en el tema de suplidos médicos.
“Si no se entendió en ese momento el procedimiento y se hizo de alguna manera rápida o se tomó la determinación, aquí la prioridad era salvar vidas. Vamos a que las investigaciones que se hagan determinen si alguien falló y, si alguien falló, se tomarán las debidas consecuencias” agregó.
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