El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico aclaró que, pese a que un contrato que otorgó a una empresa del veterano activista del Partido Nuevo Progresista Eduardo “Tito” Laureano permanece vigente según el registro del Contralor, este fue rescindido en octubre de 2019.
Bajo la rectoría de Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del ‘task force’ medico del gobierno, el RCM ha otorgado, desde agosto de 2017, dos contratos de “consultoría administrativa” a NAED Consulting, compañía de la que Laureano es presidente, tesorero y agente residente.
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La gobernadora Wanda Vázquez ordenó hoy, según anunció en conferencia de prensa, cancelar todos los contratos de Laureano con el gobierno.
Laureano fue la persona que refirió a Rodríguez Quilichini al abogado de la compañía Apex General Consulting, Juan Maldonado de Jesús. El 26 de marzo, el gobierno compró un millón de pruebas rápidas diagnósticas de Covid-19 por un costo de $38 millones a esta empresa de construcción.
Las pruebas, que debían ser entregadas en cinco días, nunca llegaron a Puerto Rico, incluso luego de que el gobierno pagara por adelantado $19 millones.
Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, el contrato de NAED Consulting con el RCM tiene vigencia hasta el 30 de junio de este año. La cuantía de ese acuerdo es de $54,000.
Sin embargo, de acuerdo con la carta que RCM suministró a Metro, el contrato, mediante el cual NAED Consulting “prestará servicios de asesor de proyectos ejecutivos”, fue cancelado por el propio Laureano el 21 de octubre de 2019. El contrato se había firmado el 12 de julio de 2019.
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Rodríguez Quilichini había otorgado, el 28 de agosto de 2017, un primer contrato a NAED Consulting, también para consultoría administrativa, por $44,550. Dos enmiendas posteriores extendieron el convenio hasta el 30 de junio de 2018 y sumaron $121,500 al contrato.
El monto total de los dos contratos y las enmiendas que pactó la compañía de Laureano con RCM asciende A $220,050.
Del registro de contratos se desprende que desde junio 2017, cuando Laureano registró a NAED Consulting, la empresa ha obtenido 13 contratos con entidades gubernamentales que, al tomar en cuenta las enmiendas, totalizan $944,050.
Otras entidades públicas que han contratado con NAED Consulting incluyen al Senado, la Oficina de Servicios Legislativos, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Corporación del Fondo del Seguro de Estado (CFSE).
En declaraciones escritas, Laureano dijo que se enteró de la orden de la gobernadora para la cancelación de los contratos por medio de la prensa.
“Según se alega, esta cancelación responde a mi supuesta vinculación con la empresa Apex y el Lcdo. Juan Maldonado. Esta alegación es totalmente falsa. Declaro y reitero que este servidor no tiene, ni nunca ha tenido, vínculo alguno con dicha empresa. En días recientes, el Lcdo. Juan Maldonado se comunicó conmigo para solicitarme el número telefónico del Dr. Segundo Rodríguez Quilichini. Le brindé el número del doctor al Lcdo. Maldonado, y hasta ahí llegó mi único contacto con él. Fue después que sale a relucir la ya conocida controversia de esta empresa que me entero que el Lcdo. Maldonado estaba vinculado a Apex”, expresó Laureano.
“Aquellos que alegan que yo impulsara, promulgara, influyera, o de alguna otra forma ejerciera cualquier tipo de presión, o tuviese algún tipo de injerencia sobre la otorgación del contrato de Apex, le faltan a la verdad. Asimismo, aquellos que digan tener prueba fehaciente de alegatos en mi contra sobre este particular, los invito a que la sometan bajo juramento ante los foros pertinentes”, agregó el empresario.
En una rueda de prensa en horas de la mañana, Vázquez dijo que le había ordenado al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, la anulación de todos los contratos que entidades gubernamentales mantuvieran con Apex u otras empresas vinculadas a Maldonado de Jesús o Laureano.
“De existir algún tipo de contratación de esta persona (Laureano), estoy ordenando al secretario de la Gobernación la cancelación de esos contratos. Queremos un gobierno limpio, que sea por competencia”, manifestó Vázquez.
“Aun entendiendo que la gobernadora pueda tomar la decisión de cancelar contratos, tengo que establecer que, en este caso, se está tratando de manchar injustamente mi nombre e integridad ante la opinión pública solo por haber provisto un número de teléfono. La gobernadora podrá cancelar contratos, pero jamás tendrá el derecho ni el poder de jugar con mi reputación”, ripostó por escrito Laureano.
Los contratos otorgados por el RCM, entre los que se incluía el convenio con Laureano, fueron objeto de una investigación periodística de este diario en agosto de 2018.
Rodríguez Quilichini, quien fue nombrado en julio de 2017 a la rectoría de RCM, aceptó a la prensa la semana pasada que “conoce” a Laureano, aunque no abundó en su relación con él. El proctólogo ha tildado de “chisme” las especulaciones de que su vínculo con Laureano ayudó a Maldonado de Jesús a conseguir el acuerdo por $38 millones para suplir pruebas rápidas de Covid-19.
Durante el gobierno de Pedro Rosselló, Laureano llegó a ser asesor de asuntos municipales. También fungió como asesor del exsenador Jorge de Castro Font, previo a que este fuera acusado y convicto por las autoridades federales, y fue vinculado con los escándalos del exsecretario de Educación Víctor Fajardo y del Superacueducto.
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