Adil Rosa Rivera, ex secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, identificó al coordinador del ‘task force’ médico, Segundo Rodríguez Quilichini, y al también integrante del grupo y ginecólogo, Juan Salgado, como las dos figuras que dieron la orden para que se comprara un millón de pruebas rápidas de Covid-19 a la empresa Apex General Contractors.
De acuerdo con Rosa Rivera, la oferta de Apex, a un costo de $38 por pruebas, se aceptó por encima de otra cotización –presentada por una compañía de nombre Globex Intertraders– en la que se le ofrecía al Departamento de Salud 500,000 ‘rapid test kits’ por $10 cada uno, para un total de $5 millones.
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La empresa Apex, propiedad de Robert Rodríguez, era representada ante el gobierno por Juan Maldonado, ex director de la Autoridad de Transporte Marítimo bajo esta administración.
Rosa Rivera, asimismo, dijo que fue siguiendo directrices de Rodríguez Quilichini que instruyó a la empresa Quest a entregar, el 25 de marzo, 500 pruebas moleculares en el edificio del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. La entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, había ordenado que esas pruebas se entregaran en el Laboratorio de Seguridad Pública, según testificó en una vista ejecutiva de la Comisión de Salud.
El presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, reveló durante el interrogatorio a Rosa Rivera que el director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, Jorge Dávila, había referido a un empresario de nombre David Quiñones al Departamento de Salud para ofrecer materiales para combatir el Covid-19.
Rosa Rivera admitió que había recibido un correo electrónico de Quiñones, pero aseguró que no se le dio curso a la propuesta.
El ‘task force’ médico, según la orden ejecutiva que formalizó su creación, es un cuerpo asesor que no tiene poder decisional sobre las agencias de gobierno encargadas del tema de salud.
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