La compra de un millón de pruebas rápidas de Covid-19 por $38 millones a la compañía Apex General Contractors se completó siguiendo la recomendación del ‘task force’ médico del gobierno y sin autorización de la entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo.
La analista de compras de la agencia, Mariel Rivera Rivera, testificó ante la Comisión cameral de Salud que miembros del ‘task force’, como el coordinador Segundo Rodríguez Quilichini y el doctor Juan Salgado dieron el vista bueno para que el gobierno procediera con la adquisición, pese a que ambos han negado públicamente que participaran de los procesos de compras para manejar la emergencia.
PUBLICIDAD
Según Rivera Rivera, la ex secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud Adil Rosa Rivera fue la funcionaria de la agencia que autorizó la adquisición el pasado 26 de marzo. Rivera Rivera reconoció que no se consultó con Quiñones de Longo, quien aún no había presentado su renuncia a la secretaría interina.
En esa reunión en la que participaron miembros del ‘task force’ médico, de acuerdo con Rivera Rivera, no se cuestionó si el millón de pruebas que ofrecía Apex contaba con la autorización de emergencia que emite la Administración federal de Alimentos y Drogas (FDA, en inglés).
Además de Rodríguez Quilichini y el ginecólogo Salgado, en la reunión estuvieron presentes, en representación del ‘task force’ William Méndez y Dharma Vázquez, así como otros integrantes que Rivera Rivera no reconoció.
Nota relacionada:
PUBLICIDAD
Rivera Rivera no pudo precisar si la selección de Apex respondió a un mensaje de texto que envió el representante legal de la empresa, Juan Maldonado, a Rodríguez Quilichini, en el que ofrecía al gobierno una serie de productos médicos necesarios para manejar la emergencia.
De acuerdo con Rivera Rivera, Rodríguez Quilichini y Salgado fueron los más vocales en esa reunión.
En la vista legislativa, la funcionaria precisó que Apex, a través de Maldonado, redujo el precio por cada ‘rapid test kit’ de $42 a $38 una vez se le garantizó un adelanto de 50% del costo total de la transacción.
En un correo electrónico que envió a Rivera Rivera poco después de la medianoche del 26 de marzo, Maldonado sometió una cotización inicial por 200,000 pruebas rápidas. Sin embargo, ya para las 9:30 a.m., la cotización se había enmendado para elevar la oferta a un millón de ‘kits’.
La analista de compras precisó que advino en conocimiento de la cancelación de orden de compra por medio de un abogado de apellido Escobar que asesora al ‘task force’. Rivera Rivera dijo que Escobar explicó que la cancelación se produjo como consecuencia del incumplimiento en la entrega de los ‘rapid kits’ en cinco días y porque estos no cumplían con las regulaciones de la FDA.
A lo largo de la vista, Rivera Rivera apuntó que, pese a su título como analista de compras, no es una experta en el tema de adquisición de productos médicos. La contratista adjudicó a la confianza que le tenía Rosa Rivera el que fuera seleccionada para asistirla en medio de la pandemia.
Rivera Rivera, quien detalló que previó a llegar, en noviembre de 2019, a Salud ostentó puestos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones, indicó en la vista que mantiene una buena relación personal con Rosa Rivera.
La funcionaria, además, reveló que Maldonado, un ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, también ofreció al Departamento de Salud 1,000 respiradores artificiales, una cifra que prácticamente iguala el total que se encuentra disponible al momento en los hospitales del país.
Apex General Contractors, una compañía de construcción, no tiene ninguna experiencia en el manejo de suplidos médicos y no cumplió con la entrega de las pruebas rápidas en cinco días, como se dispuso en el contrato firmado.
