La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes le ofreció inmunidad a la exfuncionaria del Departamento de Salud Adil Rosa Rivera, quien admitió en una vista las irregularidades que se siguieron en el componente gubernamental que maneja la crisis del Covid-19 en el proceso para comprar un millón de pruebas rápidas que nunca llegaron a Puerto Rico.
El presidente del cuerpo, Juan Oscar Morales, explicó durante la vista que Rosa Rivera tendría dos días para aceptar la oferta. De aceptarla, entonces tendría que presentar en una vista ejecutiva con miembros de la comisión la evidencia que podría ofrecer como parte de la investigación.
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El representante popular Rafael “Tatito” Hernández y su homólogo independentista, Denis Márquez, plantearon antes de concluir la vista que la decisión de ofrecer inmunidad a Rosa Rivera había sido a destiempo.
El representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló aclaró que el pleno de la Cámara baja tendría que aprobar la concesión de inmunidad para oficializar la protección a Rosa Rivera.
En su artículo 7, la Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos dispone que “la Cámara correspondiente… podrá aprobar una resolución concediendo al testigo inmunidad transaccional, civil o administración a todas, siempre que sea con el voto de la mayoría de los miembros de la Cámara correspondiente o de ambas Cámaras en los casos de investigaciones conjuntas”.
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Durante su testimonio, la ex secretaria auxiliar de Administración, quien supervisaba los procesos de compras en el Departamento de Salud, señaló al coordinador del ‘task force’ médico, Segundo Rodríguez Quilichini, y al doctor Juan Salgado, como las personas que presionaron para que el Departamento de Salud ordenara a la compañía Apex General Contractors un millón de pruebas rápidas para detectar Covid-19 a un costo de $38 millones.
Durante la vista trascendió que otra empresa, de nombre Globex Intertraders, había ofrecido 500,000 de estas pruebas por $10 cada una, para un costo ascendente a $5 millones.
La empresa Apex, propiedad del donante de Robert Rodríguez, donante del Partido Nuevo Progresista, era representada en los trámites ante el gobierno por Juan Maldonado, otrora director de la Autoridad de Transporte Marítimo bajo la presente administración.