La Policía de Puerto Rico aún no ha definido cómo aplicará la disposición de la Orden Ejecutiva 2020-33 en la que se instruye a los ciudadanos que visiten un negocio exento del toque de queda a cubrirse el área de la boca y nariz para evitar contagios de COVID-19.
“Ese asunto de las mascarillas se está evaluando por parte de la división legal de la Policía, porque lo que se entiende de la orden ejecutiva es que aunque la recomendación de los médicos y el gobierno es que se porte una mascarilla en todo momento, no es compulsorio a menos que sea en áreas (como un) supermercado. Se requiere a supermercados, farmacias, oficinas médicas y hospitales (que velen por que) se use mascarilla”, dijo el teniente coronel Jorge Hernández Peña en entrevista con Metro.
Según el texto de la orden ejecutiva, que cobró vigencia hoy, las personas que visiten comercios exentos deberán “cubrirse el área de la boca y la nariz con una mascarilla o bufanda de tela u otro material. Cada persona será responsable de utilizar este accesorio de protección de conformidad con las recomendaciones de uso correcto impartidas por el Departamento de Salud”.
Asimismo, se dispone que las personas deberán mantener seis pies de distancia entre sí y solamente una persona por residencia puede asistir a los comercios.
Los comercios privados, en tanto, estarían a cargo de “velar y procurar el cumplimiento de estas medidas cautelares”.
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“El detalle particular es que tú velas por tu salud, yo velo por la mía. Yo no puedo estar detrás de ti para que busques alternativas para que no te contagies. Estamos en un momento en que cada persona tiene que establecer el proceso para no contagiarse y, si está contagiado, para no contagiar a los demás”, subrayó Hernández Peña, quien se desempeña como comisionado auxiliar de la Policía en La Fortaleza.
La orden ejecutiva, tal como los otros decretos que impusieron cuarentenas a la población desde que se desató la crisis del Covid-19, dispone que quienes violen el toque de queda se exponen a multas de $5,000 o pena de cárcel de seis meses, o ambas a discreción del tribunal.
A pesar de que la gobernadora Wanda Vázquez firmó una legislación que estipula estas penas en caso de infracciones contra un toque de queda decretado, muchos abogados que dudan que estas se sustenten ante la corte.
Vea la entrevista al teniente coronel Jorge Hernández Peña: