Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Tatito” Hernández, Luis Raúl Torres, Lydia Méndez Silva y Jesús Santa Rodríguez advirtieron hoy que el paquete de ayudas económicas provenientes del Fondo de Emergencias en la Resolución Conjunta del Senado 493 (RCS-493) “está en el limbo” ya que hasta el momento no dispone el monto total que conllevaría cada una de las ayudas o incentivos enumerados, y advirtieron que podría tratarse de una estrategia de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) para posteriormente despachar el asunto con un simple “la Junta no lo aprobó”.
“El pasado 6 de abril, la Junta de Control Fiscal envió una carta a la Gobernadora, Wanda Vázquez, solicitándole que no firme la Resolución Conjunta del Senado 493 (RCS-493) por sus deficiencias. Verdaderamente, la medida es deficiente al no cumplir con los parámetros básicos de una resolución conjunta para la asignación de fondos, y a su vez incierta al excluir la totalidad a asignarse por cada incentivo”, sostuvo el portavoz del PPD en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández al tiempo que enfatizó en la ambigüedad de la medida al desconocerse si lo propuesto lo puede absorber el Fondo de Emergencias.
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“Básicamente la Junta de Control Fiscal advirtió al Gobierno que la RCS-493 es inconsistente con el Paquete de Medidas en Apoyo ante la a Emergencia debido a que ya se aprobó la Resolución Conjunta 23 – 2020 lo cual representa una duplicidad a las medidas ya tomadas por la Gobernadora”, sostuvo Hernández Montañez quien además añadió que sería un engaño a todos los trabajadores que están en la línea de fuego defendiéndonos contra el coronavirus el que la legislatura despache el asunto en un futuro echándole la culpa a la Junta”.
Del mismo modo, el representante Luis Raúl Torres denunció la práctica irresponsable de ofrecer incentivos sin haber sido legislados. “El Gobierno de Wanda Vázquez ha jugado con la necesidad de la clase trabajadora de nuestro país al ofrecerles incentivos que no se han legislado correctamente y que en un juego con la Mayoría Legislativa del PNP han ofrecido y anunciado y ni siquiera han identificado correctamente la procedencia de los fondos y partidas presupuestarias de las cuáles se otorgarán los beneficios”, manifestó Torres.
“Las medidas legislativas que aprobó la Asamblea Legislativa están plagadas de errores y han sido tan insensibles que han excluido a trabajadores del sector de la enfermería y a empleados de servicios esenciales. El Senado aprobó y la Cámara avalará el lunes la eliminación del bono de $3,500 a enfermeras que trabajan por servicios profesionales y el bono de $4,000 a las enfermeras del sector de salud correccional. Además, dejan fuera a los Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante, conocidos como Trabajadores 1 (T-1) y a las enfermeras escolares, los asistentes de farmacia, empleados de desperdicios públicos, empleados que manejan desperdicios biomédicos y brigadas que están trabajando de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora pretenden jugar a la ruleta rusa, responsabilizando a la Junta de Supervisión Fiscal, cuando la Gobernadora y el Liderato de la Mayoría del PNP en la Asamblea Legislativa le informaron al País que tenía la aprobación de la Junta. Esto es otra crasa irresponsabilidad e improvisación del desastre administrativo y legislativo del Gobierno de turno”, afirmó Torres Cruz.
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Por su parte, la representante Lydia Méndez Silva levantó serias preocupaciones con el efecto que tendrá esta crisis de salud en la economía del país, y más aún cuando se legisla de manera inapropiada. “Si nuestro pueblo se enferma y pierde su vitalidad por la falta de acceso a los servicios esenciales básicos en esta pandemia, no habrá Legislatura, ni Gobierno ni será necesaria la Junta de Supervisión Fiscal; porque no habrá un Puerto Rico saludable que pueda producir y ser económicamente viable”, advirtió.
Mientras, el representante Jesús Santa Rodríguez resaltó que el proyecto no es viable y cuestionó el modo de trabajo de la legislatura del PNP. “El no identificar las procedencia de los fondos necesarios para costear estas propuestas, y la consistente falta de datos y proyecciones para estimar el impacto económico al Gobierno Central y a los Gobiernos Municipales, hacen que este proyecto uno inoperante. Este es otro ejemplo más de la improvisación y politización del trabajo legislativo de la mayoría del PNP”, sentenció.
A esos efectos los legisladores del PPD propusieron:
1. Solicitar la devolución de la medida enviada a la Gobernadora. (La responsabilidad de la Asamblea Legislativa es identificar los fondos para financiar las iniciativas, programas e incentivos. Están trabajando irresponsablemente y a ciegas, al no darle el debido proceso parlamentario a las medidas, sin participación, sin vistas, sin ponencias, sin consultar, sin proyecciones, sin análisis, sin informar que medidas van aprobar y sin debate. A eso se deben tantos errores, nadie sabe lo que está pasando y la improvisación es palpable. El propósito del proceso parlamentario es darle publicidad a las medidas para que las personas se enteren y puede aportar)
2. Solicitar certificación de los fondos disponibles estatales. (En estos momentos la Asamblea Legislativa no tiene conocimiento alguno del dinero disponible en caja)
3. Enmendar la medida identificando la procedencia y disponibilidad de los fondos. (Incluir lenguaje para evitar duplicidad y ser más efectivos)
4. Coordinar Sesión con la participación de todos para darle legitimidad al proceso.
5. Repetir los mismos pasos con las siguientes medidas que del mismo modo reasignan del Fondo de Emergencia:
– RCS 502 ordena al Departamento de Salud a transferir la cantidad de siete millones quinientos cincuenta mil dólares ($7,550,000) a los municipios para la operación y los gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros de Diagnóstico y Tratamiento.
– RCS 507 ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a otorgar incentivos económicos, sin límites establecidos ni cuantía total, a todos los centros de atención médica privados, tales como hospitals, Centro de Diagnostico y Tratamiento y Centros de Salud Familiar a los fines de apoyar a la industria privada de servicios de salud de Puerto Rico ante la emergencia de salud pública que supone el COVID-19.
– PC 2464 establece la “Ley para Autorizar el Financiamiento y Uso de Fondos para Servicios de Emergencia relacionados con la Respuesta, Recuperación y Reconstrucción producto de Eventos Catastróficos, el Huracán María y el Terremoto del Sur Oeste de Puerto Rico y la pandemia del COVID-19”.
– PC 2468 establece la “Ley Complementaria para Atender los Efectos de la Economía Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19”; enmendando el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”.
“Hay que tirar la línea e identificar los fondos disponibles para defender los servicios esenciales en los tribunales de ser necesario”,concluyeron los representantes populares.
