El Tribunal de Primer Circuito de Apelaciones de Boston revalidó la decisión tomada hace un año por el juez presidente del Tribunal federal de Distrito, Gustavo Gelpí, que determina que los puertorriqueños tienen derecho al Seguro Social Suplementario.
“La exclusión de los residentes de Puerto Rico (al derecho de Seguro Social Suplementario) no está relacionada racionalmente con un interés del gobierno”, declaró el Tribunal federal de Apelaciones, en una conclusión impartida por los jueces Juan Torruella, Jeffrey Howard y Ojetta Rogeriee Thompson.
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La demanda fue radicada inicialmente por el gobierno de Estados Unidos en una acción de recobro contra José Luis Vaello Madero. Vaello-Madero vivió en Nueva York del 1985 al 2013, allí recibía el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI) por incapacidad. El hombre se mudó a Puerto Rico en el año 2013, pero seguía recibiendo el depósito del Seguro Social en su cuenta bancaria en Nueva York hasta el 2016. Ese año, el gobierno federal no solo le suspendió la ayuda, sino que inició gestiones para recobrar el dinero retroactivo al año 2013. Un año más tarde el gobierno federal lo demandó civilmente. Aunque inicialmente firmó una estipulación, luego Vaello-Madero consiguió representación legal y dejó sin efecto la estipulación, además de plantear en corte la inconstitucionalidad de negarle el beneficio del SSI a los residentes de Puerto Rico. El gobierno de Estados Unidos pidió la desestimación del caso por falta de jurisdicción, alegando que aún hay procesos administrativos que Vaello-Madero puede agotar, pero el juez Gelpí denegó esa petición de desestimación. Ahora el Tribunal de Apelaciones en Boston confirma la determinación.
De esta forma, el gobierno federal no podría eximir a los puertorriqueños en relación a los beneficios del Seguro Social Suplementario.
En su decisión del 2018, el juez Gelpí establecía que “Los acontecimientos recientes sobre Puerto Rico, por ejemplo, aumentaron la conciencia en Estados Unidos continental después del huracán María, así como se generó un consenso local y nacional en contra de ese tipo de tratamiento diferente”.
