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Más vínculos entre contratistas para pruebas de coronavirus

La transacción de estas pruebas fue cancelada en días recientes.

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En medio de la polémica por la compra de pruebas rápidas para detectar coronavirus, resulta que no es la primera vez que figuras que aparecen en el tracto documental sobre la fallida transacción de estas pruebas tienen algún tipo de relación contractual.

Aaron Vick —quien aparece firmando la orden de compras para las pruebas de coronavirus en representación de la empresa Apex General Contractors— también firmó en el pasado varios contratos con la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), mientras esa entidad pública era dirigida por Juan Maldonado, ahora abogado de la firma que entró en una negociación fallida para la venta de las pruebas rápidas al gobierno de Puerto Rico.

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En 2018, Vick, en representación de la empresa Fortress Maritime, acordó un contrato de un año para servicios de adiestramiento —por unos $70,522—con la ATM mientras Maldonado dirigía dicha dependencia. El nombre de Maldonado también ha salido a relucir en medio de esta controversia debido a que fue quien escribió a Segundo Rodríguez, coordinador del task force médico, para ofrecerle alrededor de un millón de pruebas rápidas en representación de Apex.

En el contrato entre Apex y el Negociado de Manejo de Emergencias, la firma que aparece en representación de la empresa es la de Vick, pero el número de contacto de la compañía en el mismo documento es el de Maldonado. Esta tarde, El Nuevo Día cita a Vick negando tener algún vínculo con Apex y de haber firmado ningún documento sobre la transacción.

Aquí las fotos de dos documentos con firma de Vick:

 

Metro le preguntó a Maldonado sobre sus vínculos con la empresa Fortress, la cual contrató en dos ocasiones mientras dirigió la ATM, pero este rechazó contestar debido a instrucciones de su representación legal. Sin embargo, indicó que no pertenece a la empresa Fortress.

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Debido a la firma de Vick en representación de ambas empresas, este medio le preguntó a Maldonado sobre la relación que guardan ambas compañías y si existen vínculos entre sí. “De nuevo, la instrucción que tengo es de no hacer comentarios”, dijo. Este medio intentó llamar a las oficinas de Fortress, pero no obtuvo respuesta.

“¿Usted solicitó una dispensa de Ética Gubernamental para representar a una compañía que tiene vínculos con una a la que usted dio contratos?”, preguntó Metro.

“La premisa es errónea, pero lamentablemente siguiendo las instrucciones de mi abogada, no te puedo dar más información”, contestó Maldonado. Más adelante, admitió que no solicitó una dispensa a la agencia debido a que “no puedo obtener lo que no es necesario”. Tampoco contestó si Vick continúa en Fortress. Maldonado también rechazó reaccionar a la polémica sobre la compra de estas pruebas. Sobre su relación con Apex solo respondió: “Son dos cosas distintas, proveer servicios y ser parte”.

En enero de 2019, Maldonado firmó un segundo acuerdo con Fortress —en el que firma Vick— para brindar servicios de peritaje por unos $36,000. Maldonado salió del gobierno en febrero de 2019 luego de un escándalo sobre el uso de las lanchas para transportar invitados a una boda en Vieques.

Apex fue la empresa de construcción a la que el 26 de marzo se le concedió un contrato para que importara un millón de pruebas rápidas en cinco días, a un costo de $38 millones. La versión del gobierno es que al 1 de abril, cuando se cumple el plazo sin que hubieran entregado los ‘kits’, el acuerdo se canceló. Sin embargo, ha trascendido que las pruebas ofrecidas no contaron con el visto bueno de la FDA. El gobierno realizó un pago adelantado por $19 millones.

En su mensaje de texto al también rector del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, Maldonado señaló que consiguió el número de Rodríguez Quilichini a través del exasesor legislativo Eduardo “Tito” Laureano, ligado por años al Partido Nuevo Progresista.

El miércoles, la gobernadora Wanda Vázquez dijo que no intervino en el fracasado proceso de compras de dichas pruebas. La empresa no pudo cumplir con la entrega y las pruebas que adquirieron en Australia, ya que no contaban con el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

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