La Junta de Control Fiscal envió una carta al gobierno de Puerto Rico en la que le requieren todos los documentos relacionados al intento de comprar un millón de pruebas de COVID-19 por $1 millón, al tiempo que recalcan que no se siguieron los procesos bajo PROMESA, que se violó la propia Orden Ejecutiva 2020-24 y que las órdenes de compra deben pasar los mismos procesos de escrutinio que los contratos.
La misiva fue dirigida al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar Marrero. En la carta se da por recibida la evidencia de que los $19 millones que le habían pagado en adelanto a la empresa de construcción APEX General Contractors ya se devolvieron al gobierno de Puerto Rico, pero se fija como fecha límite el 13 de abril para que le sometan a la Junta todos los documentos relacionados con la orden de compra.
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Aquí la carta:
FOMB – Letter – AAFAF – Contract Review $38M – April 9 2020 by Metro Puerto Rico on Scribd
En la carta se hace referencia a la conferencia de prensa de la gobernadora, Wanda Vázquez ayer en la que la Primera Ejecutiva justificó no haber supervisado o aprobado la transacción en controversia porque era una orden de compra y no un contrato. Así mismo, justificó que no se enviase a la Junta de Control Fiscal por tratarse de una compra en medio de una emergencia. “Lo que pasa es que (la transacción con Apex) no era un contrato, era una orden de compra porque era una situación de emergencia, así que eso no se manejó de un contrato. Por esa razón no llega a Fortaleza”, sostuvo Vázquez el miércoles en la tarde.
“Debe tener en cuenta que desde una perspectiva legal, un acuerdo para la compra de bienes o servicios, ya sea designado como ’orden de compra’ o cualquier otro término, es un contrato para la compra de bienes bajo la ley de Puerto Rico, independientemente de su título . Ver art. 1334 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. segundo. 3741. Hasta la fecha, el Gobierno de Puerto Rico no ha presentado a la Junta de Supervisión ningún documento que demuestre la forma en que se contrató la compra de los kits de pruebas rápidas”, lee la misiva firmada por la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.
También se destaca en la carta que la política pública bajo PROMESA se aplica a cualquier contrato o acuerdo, como órdenes de compra emitidas por el gobierno, que sean exigibles acuerdos contractuales bajo la ley y práctica administrativa de Puerto Rico, que se proponga efectuar el gobierno en cualquiera de sus ramas.
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Vázquez había dicho que “yo me dejo llevar por Promesa, esa es la ley máxima. En ningún sitio en términos de las órdenes de compra ese es el procedimiento. Además que estábamos trabajando en una situación de emergencia. Todos los protocolos se siguieron conforma a los memorandos y reglamentos”.
La Orden Ejecutiva 2020-24, que autorizó obviar los procedimientos regulares para la adquisición de servicios o productos necesarios para atender la crisis del Covid-19, igualmente dispone que las transacciones al amparo de este decreto deben notificarse a la Junta de Control Fiscal (JCF) “en la fecha en que se otorgue” el contrato de compra.
El acuerdo con Apex fue firmado el 26 de marzo.
