Casi 600 personas habían sido arrestadas hasta ayer y cerca de 1,400 denuncias se habían presentado por violaciones al toque de queda que se instituyó a nivel isla desde el 15 de marzo con el objetivo de prevenir el avance del Covid-19.
Según datos provistos por la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), hasta el 6 de abril se habían presentado 153 casos relacionados con infracciones a las órdenes ejecutivas promulgadas por la gobernadora Wanda Vázquez, y en 123 de ellos un juez encontró causa para arresto.
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En principio, los individuos que sean encontrados culpables de violentar la cuarentena obligatoria se exponen a seis meses de cárcel y hasta $5,000 en multas, según lo determine el tribunal, aunque muchos abogados rechazan que la gobernadora tenga la facultad de crear delitos mediante orden ejecutiva.
De acuerdo con la información suministrada a Metro, entre las 13 regiones judiciales, las de San Juan y Fajardo, con 21, encabezaban el listado de casos presentados. Las regiones de Utuado y Carolina, con una cada uno, son las que menos imputaciones han registrado.
El oficial de prensa de OAT, Daniel Rodríguez, explicó que los casos por violación a la cuarentena se están citando para cuando culmine el estado de emergencia. Al presente, los tribunales estatales solo están atendiendo delitos graves, precisó.
“Para que se te pueda penalizar criminalmente por violentar una orden ejecutiva tiene que haber una legislación que específicamente así lo disponga. Eso no existe en este momento ni existía bajo la primera orden ejecutiva. Ese es un problema que tiene el Estado cuando pretenda acusar a las personas por la violación de esas disposiciones. Creo que eso es un problema que se podría atender con la acción de la Asamblea Legislativa”, dijo la semana pasada el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet.
El lunes, la gobernadora Wanda Vázquez firmó una medida que enmienda la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública para disponer que las violaciones a órdenes ejecutivas podrán ser sancionadas con los seis meses de prisión y $5,000 de multa que estipulaban los decretos promulgados previamente.
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“Cuando haces medidas de carácter punitivo, que conlleven el arresto de una persona, imponga una multa e inclusive la privación de la libertad de un ser humano, tiene que estar claramente definida la conducta que se prohíbe. No puede quedar a la interpretación del que la está poniendo en vigor, que sería la Policía. Por eso los constitucionalistas señalan que la medida tiene áreas grises, incluyendo si mediante una orden ejecutiva se puede aplicar una medida punitiva”, opinó el ex jefe de fiscales José Capó, al puntualizar que no será hasta que las cortes comiencen a procesar estas imputaciones que se definirá la constitucionalidad de las penalidades.
Bajo la Orden Ejecutiva (OE) 2020-23, que instituyó el toque de queda que estuvo en vigor hasta el 30 de marzo, se efectuaron 489 arrestos y 865 denuncias. Desde el 31 de marzo, al amparo de la OE 2020-29, los arrestos se sitúan en 90 y las denuncias en 496, según datos de la Policía.
192 de las denuncias corresponden a personas que transitaban en vehículos cuyas tablillas no correspondían a los días designados mediante la OE 2020-29.
En la región de Ponce, con 76, se ha registrado la mayor cantidad de infracciones a la circulación en vehículos no autorizados, según el informe diario de la Uniformada.
Hasta la fecha, no se han presentado cargos por la difusión de información falsa bajo un estado de emergencia. Según Rodríguez, de OAT, la presentación de cargos contra el pastor José Luis Rivera, a quien se le señala por difundir un audio que alertaba falsamente de escasez de productos esenciales en los supermercados, fue pospuesta hasta nuevo aviso.
