La gobernadora Wanda Vázquez justificó el proceso que siguió el gobierno para concretar un acuerdo por $38 millones con una compañía dedicada a la construcción para el suplido de un millón de pruebas rápidas de Covid-19 que nunca llegaron.
En conferencia de prensa, Vázquez presentó el tracto documental de la orden de compra a Apex General Contractors, empresa que prometió traer a Puerto Rico el millón de pruebas para el 1 de abril, en apenas cinco días.
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“Yo no favorezco a nadie. Yo quiero que toda persona que pueda dar un servicio al gobierno de Puerto Rico pase el mismo procedimiento que cualquier hijo de vecino. Aquí el tratamiento y la vara es igual para todo el mundo”, replicó Vázquez al preguntársele si consideraciones político partidistas inclinaron a la balanza hacia Apex, pese a su falta de experiencia en estos menesteres.
“En esta administración yo no voy a permitir que nadie haga cosas incorrectas… No se lo voy a permitir a nadie. A todos los funcionarios les he preguntado si alguien de alguna manera los obligó, los intimidó, si alguien de alguna manera los indujo o les pidió que hicieran algo incorrecto, porque esa persona en mi administración no puede estar”, insistió la mandataria.
Aunque el 16 de marzo, según la gobernadora, el gobierno federal permitió el uso de pruebas rápidas no aprobadas por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA), en pasados días esta agencia desautorizó específicamente el uso de los ‘kits’ que Apex habría suplido al gobierno.
La orden, que se originó en el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres a un pedido del Departamento de Salud, fue revisada también por la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda.
Pese a Vázquez aseguró que en las reuniones del componente gubernamental de salud se discutían distintas propuestas para adquirir productos necesarios para combatir la pandemia del coronavirus, se mantuvo firme en que La Fortaleza no tenía conocimiento de los detalles del acuerdo con Apex, pese a que la Ley 3 de 2017 dispone que cualquier servicio comprado o contratado en exceso de $10,000 requiere “autorización previa escrita del Gobernador o la persona que este delegue”.
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“Lo que pasa es que (la transacción con Apex) no era un contrato, era una orden de compra porque era una situación de emergencia, así que eso no se manejó de un contrato. Por esa razón no llega a Fortaleza”, sostuvo Vázquez.
La Orden Ejecutiva 2020-24, que autorizó obviar los procedimientos regulares para la adquisición de servicios o productos necesarios para atender la crisis del Covid-19, igualmente dispone que las transacciones al amparo de este decreto deben notificarse a la Junta de Control Fiscal (JCF) “en la fecha en que se otorgue” el contrato de compra.
El acuerdo con Apex fue firmado el 26 de marzo.
“Yo me dejo llevar por Promesa, esa es la ley máxima. En ningún sitio en términos de las órdenes de compra ese es el procedimiento. Además que estábamos trabajando en una situación de emergencia. Todos los protocolos se siguieron conforma a los memorandos y reglamentos”, planteó Vázquez al cuestionársele por qué no siguió su propia orden ejecutiva.
“La orden ejecutiva es para acelerar estos procedimientos en procesos de emergencia. No hay ninguna distinción con relación a cualquier otro proceso y de la manera en que esto se va a manejar precisamente esa es la orden ejecutiva”, agregó Vázquez.
La directora ejecutiva de OGP, Iris Santos, aseguró que los gastos financiados mediante el fondo de emergencia no requieren autorización previa del organismo fiscal.
Sin embargo, el lunes la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, había señalado que la Orden Ejecutiva (24) requiere que cualquier contrato ejecutado de acuerdo con dicha orden ejecutiva se presente a la Junta de Supervisión Fiscal en su fecha de ejecución”.
Gasto justificado
Vázquez, de igual forma, planteó que la compra de pruebas rápidas a un costo sobre diez veces el precio de mercado era necesaria ante la urgencia del contexto actual y la demanda a nivel global para adquirir el producto.
“Estas pruebas estaban a $38, pero había otras de $40. ¿Por qué a ese precio? Lo evaluaron (las distintas agencias) en ese momento. Para la salud y la vida del puertorriqueño, en ese momento, la persona que está analizando no podía poner en tela de juicio si la vida de un ser humano costaba $1 millón o costaba menos”, señaló la primera ejecutiva.
¿Cuánto hubiera estado dispuesto a gastar el gobierno en estas circunstancias?, se le preguntó a Vázquez.
“Yo no voy a especular. Todo lo que lleve a garantizar la salud de mi pueblo yo lo voy a hacer”, replicó la gobernadora, quien aseguró desconocer cuál hubiera sido el margen de ganancia para la empresa Apex.
Según la mandataria, el 3 de abril el secretario de Salud, Lorenzo González, solicitó la cancelación de la orden de compra, tras cumplirse el plazo de cinco días para entregar los ‘kits’.
De acuerdo con el gobierno, los $19 millones que se desembolsaron como adelanto fueron devueltos por Apex esta semana.
