Las estrategias drásticas para evitar la propagación acelerada del coronavirus Covid-19 no solo se han producido a nivel del gobierno central, donde a partir de las órdenes ejecutivas de la gobernadora Wanda Vázquez se han impuesto restricciones al movimiento de la ciudadanía sin precedentes en la historia reciente del país.
Múltiples alcaldes, inconformes con el volumen de tránsito experimentado en sus pueblos y temerosos de que personas provenientes de otros municipios sean foco de contagios, han optado por, sencillamente, cerrar las vías de acceso, en algunos casos, o establecer puntos de cotejo para auscultar si los ocupantes de los vehículos tienen motivos legítimos para circular dentro de las restricciones de la cuarentena.
“Soy abogado de profesión… Y esta situación que estamos enfrentando no tiene comparación. Te puedo decir que el derecho a la vida va por encima al derecho a la libertad y que las personas tienen que comprender que cada gestión que estamos haciendo la estamos ejecutando poniendo la vida por encima de cualquier otro derecho”, dijo el pasado jueves Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y uno de los primeros en tomar la decisión de cerrar el acceso a sus pueblos.
Al igual que ocurre con algunas de las directrices que ha emitido Vázquez al restringir las libertades de la población, expertos de derecho constitucional han cuestionado las bases legales de los municipios para tomar este tipo de determinación unilateralmente.
“Los municipios, igual que los territorios y los estados, tienen una obligación de proteger la salud y bienestar de sus ciudadanos. Pero lo que hagan tiene que estar autorizado por ley o por la Constitución y lo que hagan, si incide en los derechos fundamentales de las personas, tienen que ser proporcional para el problema que quiere resolver porque de lo contrario, podría ser ilegal o inconstitucional”, advirtió el abogado constitucionalista Carlos Ramos.
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Lo cierto es que, en la pasada semana, al menos 11 pueblos han optado por cerrar o limitar el acceso a través de las vías estatales que permiten la entrada a su municipio.
De estos, seis ni siquiera han notificado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) –agencia que tiene la autoridad legal sobre las carreteras del Estado– que establecerán algún tipo de bloqueo en sus fronteras: Arecibo, Salinas, Santa Isabel, Fajardo, Guayanilla y Peñuelas.
Entre los cinco que han tomado sus medidas en coordinación con DTOP, San Lorenzo y Villalba obtuvieron el permiso para cerrar varias de las vías de acceso, mientras que Lajas y Loíza recibieron autorización para establecer “puntos de orientación”. Hatillo, en tanto, se encontraba a la espera de recibir el permiso para hacer lo propio, indicó ayer la agencia.
Sin embargo, más allá de puntualizar que los municipios que deseen implementar regulaciones extraordinarias en los accesos a su pueblo deben solicitar permiso, el DTOP se cantó incapaz de fiscalizar las decisiones que toman los alcaldes, refiriendo las preguntas sobre las acciones que se toman cuando se realizan cierres sin autorización a la Policía de Puerto Rico.
Hasta la fecha, sin embargo, la Policía no había explicado los procedimientos que se siguen en estos casos.