La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en ingles) aún contempla si apelarán la decisión juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia para que se declare inconstitucional ciertas disposiciones de la Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez.
El juez Cuevas determinó que la ACLU carece de legitimación activa para plantear la controversia legal y señaló que no está ante una controversia ’justiciable’, pues al momento de la demanda, los demandantes no han sufrido daño.
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“Bueno, esa es la opinión del Tribunal nosotros obviamente no coincidimos. Estamos en la etapa de reunirnos y tomar decisiones sobre cómo vamos a proceder”, señaló William Ramírez, director ejecutivo de la organización. Agregó que la entidad cuenta con unos 100 años de existencia y que en los casos más significativos que han presentados ante los tribunales de los 50 estados de Estados Unidos, la organización nunca “ha tenido que ser personalmente agredido para que se encuentre el standing de la organización”.
En específico, la ACLU solicitó que se declarara inconstitucional la parte de la Orden Ejecutiva 2020-029 que pretende castigar con hasta seis meses de cárcel las infracciones a la regulación, la que pretende prohibir el acceso a los hogares de personas que no son parte del “núcleo familiar”; y la orden que favorece actividades religiosas los domingos, mientras prohíbe las actividades comerciales permitidas el restante de la semana.
Entre las alternativas, según Ramírez, es presentar un nuevo caso ante el tribunal estatal o acudir al Tribunal Federal para que se invalide dichas disposiciones. Precisamente, ayer un ciudadano fue detenido por un grupos de policías municipales en San Juan a pesar de que se encontraba en el horario permitido para realizar compras. Ante esto, Ramírez comentó que la Orden Ejecutiva es muy amplia y que le concede la discreción a los oficiales de la Uniformada a actuar incorrectamente. “Actuó mal porque cree que tiene la autoridad para hacerlo”, mencionó Ramírez.
“Entendemos que el tribunal debería atender esa situación, si no en este caso en otro caso en ese caso, porque sí son violaciones serias cuando un estado cree que puede meterse en su casa sacar personas y decidir quién van a considerar parte del núcleo familiar. ¿Qué policía tiene ese poder? ¿En qué democracia? Le garantizo que en ninguno de los 50 estados, un policía puede meterse a una casa a decidir quién es miembro de su familia”, cuestionó Ramírez.
El líder de la organización también objetó que la medida pretende promocionar una religión y que esto quedó comprobado con las expresiones del doctor Segundo Rodríguez —coordinador del task force médico de la gobernadora— que exhortó a la ciudadanía a que viera el cierre de este fin de semana como un ’sacrificio de cuaresma’.
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Este medio intentó comunicarse con la oficial de prensa de La Fortaleza, pero al momento no hubo respuesta. Tras la decisión del tribunal, la gobernadora aplaudió la determinación de Cuevas y aseguró que este validó la legalidad de la Orden Ejecutiva, pese a que se trató de una desestimación por legitimación activa y no entró en los méritos.
“El honorable Tribunal ha validado la medida impuesta por el Estado para proteger a nuestra gente. Las recientes OE tienen el único propósito de velar por la seguridad y la salud de todos. No hay duda de que quedarnos en nuestras casas es el mejor arma contra el COVID-19”, expuso Vázquez en su cuenta oficial de Twitter.
