En medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 han surgido cuestionamientos sobre el proceso para adquirir un millón de pruebas para detectar el virus a un costo de $38 millones. Esas pruebas fueron rechazadas por las autoridades federales.
Al ser cuestionada por esta transacción, la gobernadora Wanda Vázquez se distanció de la situación asegurando que la transacción estuvo en todo momento en manos del Departamento de Salud.
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“Ninguna intervención, eso es una función del Departamento de Salud. Lo hizo el Departamento de Salud. No tenía porqué dudar de las actuaciones que tomaran los secretarios, y la secretaria interina. Al contrario, entiendo que son personas que conocen su trabajo”, comentó la ejecutiva.
Sin embargo, en Puerto Rico existe una ley, firmada por el exgobernador Ricardo Rosselló, que obliga a cualquier funcionario de la Rama Ejecutiva a consultar todo contrato que se firme por un monto mayor a $10 mil.
Se trata de la Ley número 3 del 2017, “para atender la crisis económica fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”.
En el artículo 18 de esta ley se indica directamente que “se prohíbe la contratación de servicios profesionales o comprados en entidades de la Rama Ejecutiva en exceso de diez mil (10,000.00) dólares en un mismo Año Fiscal, sin autorización previa escrita del Gobernador, o la persona que éste delegue. Cualquier contrato otorgado en incumplimiento de este requerimiento será nulo. Este requisito de autorización es en adición a, y no sustituye, cualquier otra normativa aplicable, incluyendo normativa del Gobernador, o la persona que éste delegue al amparo de Órdenes Ejecutivas de control de gasto, o normativa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”.
La venta de $38 millones para comprar las pruebas fue cancelada, ya que las mismas no fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA por sus siglas en inglés). El secretario de Salud, Lorenzo González, indicó que se encuentran en el proceso de recuperar unos $19 millones que ya se le habían depositado a la empresa que iba a estar a cargo de traer las pruebas.
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Por su parte, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), general José Burgos, dijo esta mañana en Radio Isla que la persona que se comunicó con él para avisarle del millón de pruebas de coronavirus fue la secretaria auxiliar del Departamento de Salud, Adyl Rosa.
Burgos aseguró que, “en el día que se realizaron, fue el día en que estaba cambiando el procedimiento de comprar desde el Departamento de salud. La operación de el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud lo habían movido al centro de operaciones de nosotros acá en el Negociado. En ese día, yo recibí una llamada en la que me indicaban que habían conseguido unas pruebas”.
Asimismo, Burgos detalló que la llamada fue por parte de la señora Adyl Rosa, del Departamento de Salud, quien había recibido una oferta de compra. “Le estaban ofreciendo unos kits, y pues, en ese momento se estaban buscando kits en diferentes suplidores. Apareció esa oportunidad e inmediatamente yo notifiqué a la directora de OGP porque entendía que la cantidad de dinero era bastante sustantiva”, expuso.
