La investigación que lleva a cabo la Comisión cameral de Salud se adentrará en las polémicas órdenes de compra de sobre un millón de pruebas rápidas, de las cuales gran parte tuvo que cancelarse cuando el gobierno federal desautorizó el uso de los ‘kits’ que las autoridades estatales pretendían adquirir a sobreprecio, anticipó el representante Juan Oscar Morales.
“Lo más importante para mí es que se demuestre quiénes fueron los responsables de ir a un suplidor a solicitarle la disponibilidad de un producto. Por ejemplo, quiero saber quién en el Departamento de Salud o en la agencia que sea ordenó que fueran a 313 LLC a solicitarle a esa compañía pruebas de Covid-19. Esa compañía no es reconocida como una que trabaje con sistemas de salud, sino una que hasta el 20 de marzo se dedicaba exclusivamente a sistemas de información. Es importante saber quién decidió que esa compañía iba a vender pruebas de Covid-19 al gobierno de Puerto Rico”, señaló Morales, presidente de la Comisión de Salud, aludiendo a una de las empresas intermediarias que vendieron pruebas al gobierno.
A 313 LLC, el Departamento de Salud le ordenó sobre 100,000 pruebas rápidas por casi $4 millones.
Hoy la Junta de Control Fiscal, mediante una carta, ordenó al gobierno cancelar los acuerdos con 313 LLC y Apex General Contractors, la compañía con la cual el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres contrató por $38 millones para la entrega de un millón pruebas rápidas.
Al igual que 313 LLC, Apex tampoco tiene pericia en el tema de Salud.
Recomendados
Promueven mejores opciones de vivienda asequible para familias de recursos limitados
Multan a empresas de telefonía celular por revelar ubicación de sus clientes
Arrollan a peatón en Moca
El costo de cerca de $40 por ‘kit’ que se acordó con estas compañías, asimismo, es muy superior incluso al costo de las pruebas moleculares, que ofrecen resultados mucho más confiables.
Morales no quiso opinar si considera razonable la afirmación de la gobernadora Wanda Vázquez a los efectos de que desconocía de las órdenes de compra emitidas, pese a que por ley transacciones de esa magnitud deben tener el visto bueno de La Fortaleza.
Debido a que por la cuarentena la comisión estaría impedida de realizar vistas públicas regulares, Morales reconoció que considera citar a diversas figuras por otros métodos.
“Lo estamos evaluando. Te puedo decir que antes que finalice esta semana estaremos anunciado cómo lo vamos a hacer. Es una potestad que tenemos por Constitución”, dijo Morales, al enfatizar que no se puede esperar por que la emergencia termine para dar paso a los trabajos de la comisión.
Entre las personas que Morales ha asegurado serán citadas a declarar están Concepción Quiñones de Longo y Mabel Cabeza, ex secretaria interina de Salud y ex jefa de personal de la agencia, respectivamente.
Al momento, la Comisión de Salud no ha recibido toda la documentación requerida a diversas dependencias, aunque Morales admitió que se solicitó un gran volumen de información.