Aunque el Departamento de Salud ya definió cómo repartirá el dinero asignado a los hospitales públicos del país, no ha determinado qué incentivos considerará para las instituciones en el ámbito privado, que han comenzado a despedir personal ante la baja ocupación de camas que se ha suscitado a raíz de la cuarentena forzada.
“Las partidas para los hospitales públicos próximamente estaremos anunciando cómo va a ser distribuido esos $30 millones en los hospitales públicos. Con relación a los hospitales privados hemos estado trabajando igualmente, no solamente con el secretario (de Salud, Lorenzo González Feliciano) y con la Junta de Control Fiscal, sino sobre todo con los acreedores de los hospitales, los bancos. Son los que mejor conocen cuál es la situación financiera de estos hospitales. A base de eso vamos a llegar a los acuerdos que tengamos que llegar a para ayudar a los hospitales”, dijo Vázquez, sin precisar cuánto tiempo demorará este proceso.
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González Feliciano indicó que ya ha discutido con la Oficina de Gerencia y Presupuesto las “disposiciones” para distribuir la partida de $30 millones destinada para hospitales públicos.
Esta partida está contenida en una resolución conjunta aprobada por la Cámara de Representantes el 31 de marzo, que, sin embargo, no detalla que los fondos serán asignados exclusivamente a instituciones públicas.
“Ya se envió unas recomendaciones en términos de la distribución. Los hospitales en discusión son el Centro Médico de Trauma, el Universitario Pediátrico, el Municipal de San Juan, el Hurra (Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau) y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico. Ya se le envió a OGP una potencial distribución basada en estrategias, localización y la designación que han hecho el ‘task force’ y el Departamento de Salud para estos hospitales”, sostuvo González Feliciano.
Solicitan devolución del dinero
El secretario, en tanto, aseguró que el gobierno recibirá de vuelta el adelanto de $19 millones que había desembolsado para adquirir un millón de pruebas rápidas. Los ‘rapid test kits’ fueron ordenados a la empresa Apex General Contractors, que, de acuerdo con reportes de El Nuevo Día, pertenece a un donante del Partido Nuevo Progresista.
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“Cuando comienza esta pandemia se flexibilizaron las guías de la FDA (Administración federal de Alimentos y Drogas) y se ordenaron unas pruebas bajo esa premisa. Una vez el FDA ajusta sus guías, obviamente preferimos que (las que se adquieran sean) ‘FDA-approved’. Esas pruebas FDA las revisó y no las aprobó. Por esa razón se devolvieron y se pidió la devolución del dinero”, justificó Vázquez, quien incluso dijo desconocer de los trámites que se realizaron para completar la orden de compra por $38 millones.
La mandataria alegó que fue el Departamento de Salud la entidad que se encargó de la transacción.
